Almeida paraliza la tramitación de multas de Madrid Central pero las cámaras seguirán captando infractores

«Bastante han sufrido los madrileños con el desaguisado del gobierno anterior. Queremos que cada paso se dé con las mejores garantías. No vamos a dictar resoluciones sancionatorias en tanto en cuanto el TSJM se pronuncie por prudencia», anunció ayer el regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida , tras la Junta de Gobierno celebrada en la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal.

Aunque los procesos sancionadores se suspendan de forma provisional, el alcalde subrayó que «por ahora las cámaras van a seguir registrando la entrada de vehículos y se captarán las matrículas de los infractores». Por lo que, si el TSJM dictamina que los accesos indebidos se pueden multar con normalidad, el procedimiento se retomará y esas sanciones se notificarán a los conductores. Por tanto, la entrada al perímetro sigue prohibida para los vehículos sin distintivo ambiental. Solo los turismos con etiqueta ECO o Cero Emisiones pueden circular sin limitaciones y los coches con etiquetas B y C solo pueden acceder si es para estacionar en un aparcamiento o garaje privado.

El Supremo ratificó el pasado lunes los argumentos esgrimidos por el PP en los que sostenía que el Gobierno de Ahora Madrid no incluyó la «imprescindible» memoria económica ni tramitó el obligatorio periodo de información pública previos a la aprobación de la normativa. Razones suficientes para declarar nulos los artículos que dan cobertura legal al que fuera el plan estrella del Gobierno de Ahora Madrid.

Desde que las primeras sentencias de lo contencioso administrativo fallaran en este sentido, la nueva Corporación –ya encabezada por la coalición de PP y Cs– comenzó a redactar una nueva ordenanza de Movilidad Sostenible para corregir los defectos que señalan las resoluciones judiciales. El objetivo del Consistorio es aprobar cuanto antes esta normativa para evitar el impás entre la ejecución del fallo y la entrada en vigor de la ordenanza, lo que generaría un vacío legal y dejaría miles de multas en el aire. Si todo marcha según lo previsto, podría llegar a la Junta de Gobierno para su aprobación inicial a principios de junio y, después, tendría que ser ratificada en el pleno a finales de julio. Si fuera necesario, apuntan fuentes municipales, podría votarse en agosto en una sesión extraordinaria –pese a que en este mes la actividad municipal se suspende–, dada la urgencia.

Desde que la medida entró en vigor el 16 de abril de 2019 y hasta la fecha, el Ayuntamiento ha cazado a 1.393.000 conductores . Esto supone una media de 54.000 infracciones al mes, según los datos recopilados por el Área de Medio Ambiente yMovilidad.

Una vez que el Supremo notifique al TSJM el auto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a registrar un «incidente de ejecución de la sentencia», es decir, pedirán a los magistrados que emitan un informe aclaratorio, para que sean ellos quienes maticen los aspectos técnicos sobre la validez de las multas y, así, no crear mayor confusión en los ciudadanos afectados.

En este mismo escrito, el Consistorio también recordará que los artículos anulados por el Supremo están ya en vías de solucionarse y que incluso podrían llegar a estar corregidos dentro del plazo de dos meses que tiene el Consistorio para ejecutar la sentencia. Además, incidirán en que varios autos previos rechazaron en 2019 las alegaciones de PP y Ciudadanos a la suspensión de la moratoria de las multas de Madrid Central y estimaron un recurso de Ecologistas en Acción.

Los magistrados arguyeron entonces que anular las sanciones del área de bajas emisiones por «la existencia de deficiencias en el sistema debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente». Por tanto, según defienden, anular ahora Madrid Central hasta que se apruebe la futura ordenanza, aunque sea por motivos distintos, produciría el mismo efecto que la moratoria de las multas y, en este caso, el derecho a la salud y el medio ambiente también debería prevalecer.