Admitidos a trámite los recursos contra el archivo de la investigación de la explosión en la calle Toledo

El recurso de apelación se basa en el informe realizado por la Policía Científica tras el suceso, en el que se reveló que la fuga de gas se debió a la desconexión del tubo de suministro de gas natural de la llave de acometida, «cuya instalación y mantenimiento son responsabilidad de la empresa suministradora del gas: Naturgy», argumentan fuentes de la parroquia. Denuncian que Naturgy «no entregó la documentación requerida y el juzgado nunca se la reclamó». «El mismo juzgado que, en dos ocasiones (auto de sobreseimiento del 22 de febrero y desestimación de recurso presentado por las familias de las víctimas del 27 de mayo) ha optado por archivar el caso catalogándolo de accidente y fortuito», critican.

Asimismo, consideran que « no se han estudiado los aspectos técnicos que permitan afirmar que fue un hecho accidental ». Citan, de nuevo, al informe, en el que se recoge que hubo «un movimiento de terreno que afectó a la llave de acometida», pero insisten en que «no se ha indagado cuándo». «Con el registro de consumo de gas sabríamos al menos si el tubo se desprendió antes, durante o después de la explosión. ¿Y si la fuga comenzó en los días anteriores? ¿Y si el fallo estaba en la válvula?», dicen desde la parroquia. En este sentido, hacen hincapié en que no quieren señalar a «culpables o responsables» , tan solo «que la búsqueda de la verdad siga su curso» y que se lleven a cabo todas las diligencias. «No estamos en el momento final de la investigación, sino en el inicial», afirman.

Comparan el trágico suceso con la explosión sucedida en la calle de Gaspar Arroyo, de Palencia, en 2007. «Después de once años se demostró que todo se debió a la mala instalación de la válvula de la acometida: estaba mal sellada. Aquella explosión causó la muerte de nueve personas, una treintena de heridos y tres edificios derrumbados porque, según la sentencia, la empresa no realizó las diligencias necesarias para evitar el daño ocasionado», argumentan, tratando de evitar que el caso se repita.

El Juzgado de Instrucción número 35 consideró en febrero que «la etiología de la explosión fue accidental , sin que haya podido establecerse otra causalidad distinta, habiendo sido provocada la explosión por un escape de gas natural, que se desarrolló de forma lenta, continua y prolongada en el tiempo». El auto indica que «esta circunstancia motivó que las referencias de olor a gas fueran discontinuas , no llegando a generar alarma entre los residentes en el edificio hasta momentos antes de la explosión». «El escape se situó entre la primera caldera del edificio y la acometida de suministro, no habiendo influido en la causa de la explosión las posibles irregularidades administrativas o no de la instalación», dijo entonces el magistrado, en referencia a la investigación policial.

En el dramático suceso, que redujo a escombros varias plantas de la casa parroquial de La Paloma, en el número 98 de la calle Toledo, fallecieron cuatro personas: el sacerdote Rubén Pérez Ayala ; el feligrés David Santos Muñoz ; el albañil Javier Gandía Sepúlveda , que trabajaba en el edificio de enfrente; e Ivanov Kochev Stefco , viandante. El informe judicial también descartó que «la posible manipulación que hubieran realizado David y Rubén coadyuvara a la causa de la explosión; constatándose la existencia de roturas de agua que socavaron el subsuelo del edificio en alguna medida, lo que influyó directa o indirectamente sobre la conducción y la acometida de gas natural».

La Policía Científica, por su parte, indicó que el escape, en su mayor parte de prometano, se dio en las conexiones de la válvula de acometida, instalada a unos 60 centímetros bajo la vía pública . Desde ahí «se habría infiltrado al interior del inmueble». Eso fue suficiente para «producir la deflagración de una mezcla de aire-gas y generar una chispa eléctrica como las que se producen en el acto de accionar un interruptor de luz, al ponerse en funcionamiento un electrodoméstico o ante la presencia de una llama abierta». La Parroquia demanda ahora que se investigue si fueron los movimientos de terreno los que causaron la desconexión y, por tanto, se debió a un accidente; o si se produjo algún fallo de mantenimiento. La Audiencia Provincial tendrá que decidir si el recurso se admite a trámite y, por tanto, se reanuda la investigación