OHL acusa a la Comunidad de Madrid de dejar sin Cercanías a Móstoles y Navalcarnero

Por su parte, Garrido ha asegurado que están «obligados» a reclamar penalizaciones a OHL porque en 2010 «paralizó unilateralmente» las obras del tren a Navalcarnero y ellos tienen que defender los intereses de los madrileños. Al respecto, OHL replica al portavoz del Gobierno municipal que ha habido un «incumplimiento culpable» de la Comunidad de Madrid, según se pone de manifiesto en el contencioso administrativo interpuesto por esta empresa ante la Comunidad al plantear la resolución del contrato de concesión.

La empresa asegura que ha invertido 165 millones de euros en las obras con recursos propios sin que la Administración madrileña haya aportado los 50 millones de euros comprometidos en el contrato de concesión, ni ha cumplido con el compromiso de modificar el contrato de riesgo-trafico a disponibilidad.

OHL ha recurrido la multa impuesta por el Gobierno regional por considerarla «arbitraria» y confía en que los jueces le darán la razón. A su ver, recalca que la empresa es partidaria de que los vecinos «vean colmada» su aspiración de «ver eliminadas las vías en superficie de la C5» y que los residentes de Navalcarnero cuenten con Cercanías.

Recuerda que la Comunidad le adjudicó el concurso para la construcción y explotación del tren «tras la negativa del Ministerio de Fomento a realizar las obras y con la previsión de grandes desarrollos inmobiliarios en Navalcarnero que se vieron imprevisiblemente paralizados por la grave crisis financiera e inmobiliaria que azoto a España».

Ante esta situación y la grave crisis financiera e inmobiliaria , OHL asegura que se vio obligada en julio de 2010 a solicitar al Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre, la resolución del contrato por incumplimiento culpable de la Administración.

En 2011, la Comunidad solicito a OHL Concesiones retirar su petición de resolución de contrato, comprometiéndose a buscar una solución al problema, a lo que accedió planteando diversas propuestas durante la legislatura de Ignacio González para desbloquear la situación, sin que el Gobierno regional «valorara ni secundara ninguna de ellas».