Caso Open de Tenis: Absueltos los ediles de Carmena Mayer y Mato de los delitos de prevaricación y malversación

«En el ejercicio de sus funciones -afirman los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial-, a Varela le surgieron dudas sobre la legalidad de los compromisos asumidos por Madrid Destino en los convenios y acuerdos suscritos para la celebración del Mutua Madrid Open». Por ese motivo, según consideran probado los magistrados, la responsable solicitó tres informes jurídicos a bufetes externos , antes de que el ayuntamiento liderado entonces por Manuela Carmena procediese al desembolso económico que requerían los acuerdos. Lo hizo tras consultar al personal experto del ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica municipal.

Sánchez Mato, presidente en funciones de Madrid Destino y delegado de Economía y Hacienda en aquel momento, solicitó también informes sobre algunos de los convenios suscritos por la anterior corporación municipal (liderada por el Partido Popular de Ana Botella ) en el marco del Open de Tenis.

El pago con dinero municipal de esos informes fue objeto de la denuncia del Grupo Municipal Popular contra los tres responsables del ayuntamiento. Ahora, la Audiencia Provincial afirma que en la sentencia «queda objetivado que la acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora, y ello tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, que sin duda fueron conocidos por la parte acusadora». Y añaden los jueces que esos informes son elocuentes sobre las «llamativas discrepancias jurídicas y económicas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores y de las consecuencias perjudiciales que pudieran tener para las arcas municipales ».

Tras recibir la documentación externa, Sánchez Mato, Varela y Celia Mayer decidieron interponer en marzo de 2017 una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Esa denuncia fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Más allá del escaso recorrido procesal de la denuncia por corrupción, los magistrados concluyen de forma explícita que «no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales ».

Los magistrados imponen las costas del juicio ocasionadas de las defensas al Grupo Municipal Popular. Les condenan, tal y como pedían las defensas de los acusados, de actuar «sin ninguna duda con temeridad y mala fe ». El PP ha basado su acusación en que ambos solicitaron varios informes a bufetes privados ‘a dedo’, sin pedir al menos tres ofertas, y después de varios informes de la asesoría jurídica municipal, unas acusaciones que ahora la Justicia ha descartado. Los populares reclamaban 5 años de cárcel y 24 de inhabilitación para ambos exconcejales.

Los jueces argumentan que el PP mantuvo la acusación contra Celia Mayer «sin ninguna concreción acusatoria» y con el conocimiento de que «durante el tiempo en que se produjeron los hechos objeto de acusación se encontraba en situación de licencia -estaba de permiso por maternidad-, entre el mes de octubre de 2016 y el mes de febrero de 2017».

Sin cuentas pendientes, por el momento, con la Justicia, el caso del Open de Tenis rompió del todo el gobierno de Carmena. La decisión de llevar ante la Fiscalía Anticorrupción sus dudas sobre el contrato del torneo truncó la confianza de la exalcaldesa en los dos concejales, que acabó apartándolos de sus cargos en la empresa municipal. Mayer, Mato y Varela emprendieron las acciones legales de espaldas al consejo de administración de Madrid Destino e incluso de la propia Manuela Carmena. Hicieron pública la presentación en la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia por las supuestas irregularidades en el contrato del máster de tenis apenas unos días antes del inicio del torneo.

Es por eso que la exjuez decidió cesar a Mayer como delegada de Cultura y crear para ella nueva concejalía, la Políticas de Género y Diversidad, para apaciguar al bloque de Ganemos. Por su parte, Sánchez Mato, perteneciente al ala de IU, fue destituido de sus cargos en Madrid Destino, aunque se mantuvo unos meses más como delegado de Economía y Hacienda. Las discrepancias con la propia Manuela Carmena en torno a los ajustes en el presupuesto municipal para poder liberarse de la tutela del Ministerio de Hacienda hicieron que terminara el mandato solo como concejal-presidente de Vicálvaro y Latina.

«Todos saben que soy de los que las resoluciones judiciales tanto si son favorables como si son desfavorables, siempre digo que hay que respetarlas y acatarlas. Como Grupo Popular, acatamos y respetamos esta sentencia, hicimos lo que creíamos que debíamos hacer, y no hay consideración más allá que la del respeto absoluto al contenido de la misma», ha valorado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras conocer el fallo.

Esta resolución aún no es firme y cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No obstante, el PP no tiene a priori intención de recurrir.