El abandono imparable de la mansión de recreo de Franco: en la ruina tras un segundo incendio

El fuego, menos devastador que el que arrasó el palacete hace veinte años, ha afectado solo a una parte de la cubierta y aún no se sabe con certeza el alcance de los daños. Fuentes de Patrimonio explican a ABC que en cuanto el propietario les facilite el acceso, los técnicos harán una inspección para conocer qué hay deteriorado y qué medidas tomar. Este análisis será en paralelo a los trámites iniciados para que el dueño –José Antonio Oyamburu Goicoechea– presente un proyecto de consolidación del edificio. Como informó este diario, el departamento que dirige Paloma Sobrini le instó hace un año a abordar esta actuación, bajo la amenaza de una sanción económica o, en caso de persistir la irregularidad, la expropiación. A fecha de hoy, sin embargo, el expediente sigue pendiente.

Más allá del procedimiento administrativo, no hace falta ser un adivino para saber qué se encontrarán los técnicos tras las llamas. El último informe de Patrimonio ya concluyó que el Canto del Pico se encuentra en «malas condiciones de seguridad, estabilidad, salubridad y ornato como consecuencia de la falta de mantenimiento y vigilancia» . Aunque se investigan las causas del siniestro, cabe pensar que se produjo porque alguien logró entrar, por lo que los tapiados de ventanas y puertas, instalados para evitar asaltos, tampoco existen.

La comunicación que el Ejecutivo regional haga a la propiedad será la quinta en apenas unos años, sin que la respuesta sea la esperada en ningún caso. La Dirección General de Patrimonio pidió explicaciones a Oyamburu en octubre y diciembre de 2017 y en febrero de 2018, además del ultimátum del año pasado. El dueño, sin embargo, solo presentó planes de futuro e hipotéticos compradores, pero no un plan de consolidación de la finca.

Pese a que la advertencia sigue vigente, Patrimonio no abrirá aún ningún expediente sancionador; supeditan todo a la inspección técnica. «La prioridad es que se conserve el patrimonio », insisten en el departamento.

La oposición en Torrelodones reconoce en este incidente un nuevo episodio del total abandono del inmueble. El PSOE criticó la «desidia y dejadez» del Ayuntamiento de la localidad (Vecinos por Torrelodones) y el Gobierno regional, si bien el primero no tiene competencias y el segundo únicamente dispone de potestad sancionadora. «Lo más grave es que ya hace dos años que el gobierno regional constató que el edificio estaba en grave riesgo y le dio a la propiedad un mes para presentar un proyecto de rehabilitación», declaró el portavoz socialista, Rodrigo Bernal , según recoge Efe.