El 26,6% de las absoluciones por violencia de género en Madrid llegan por negarse la víctima a declarar

Y si se retrasó fue, por un lado, porque el padre de ella le recomendó que no lo hiciera; también, confesó, porque tenía miedo de que Jhoel Antonio Salvatierra Altuna, de 26 años y peruano como ellas, se llevara a la menor a su país.

El 22 de diciembre de 2022, ya en el juicio oral, Tatiana Beatriz alegó que «había pasado mucho tiempo» y que «no recordaba si había sufrido lesiones». Le dejó la absolución en bandeja. Nueve meses después, ambas están muertas y él muy grave en el hospital, tras intentar cortarse el cuello tras cometer el doble crimen en el piso de Carabanchel donde aún residían juntos.

Los fiscales son muy taxativos al respecto de lo que está ocurriendo: «Analizando la fase de juicio oral, se comprueba que el 26,6% de las sentencias absolutorias [en 2022] lo son porque las víctimas se negaron a declarar». Esto significa que de esos 1.894 fallos positivos para los acusados en la Comunidad de Madrid el año pasado, 503 llegaron porque las mujeres rechazaron contar su calvario ante los jueces. Y eso son los casos en los que ya había denuncia y una instrucción judicial previas. Es decir, que ellas ya se habían atrevido antes a denunciar el maltrato. La Fiscalía, de cualquier modo, especifica que esa ominosa cifra era del 39% en el ejercicio anterior, el de 2021.

Las sentencias por conformidad crecieron un 44,58% (2.734 en total), mientras que las condenas sin pactar fueron 1.084 (-19,23%). Las calificaciones penales por violencia de género de la Fiscalía madrileña fueron un total de 8.346, un 37,11% más.

Ahondando más, «se ha comprobado que, en 143 casos en que se dictó sentencia absolutoria, la absolución se produjo porque la mujer, aunque no se acogió a la dispensa [el derecho a no declarar] negó los hechos que inicialmente había imputado o manifestó no recordarlos». Como Tatiana Beatriz.

Otro de los temas traídos a colación de este caso de violencia de género es el de las medidas cautelares contra los denunciados. Del total de 13.718 órdenes de protección solicitadas el pasado año, 3.525 fueron rechazadas por los magistrados, frente a las 10.193 aceptadas. Es decir, aproximadamente una de cada cuatro fueron denegadas. Y ahí la tendencia sí que es al alza, con un 44,88% de peticiones que no prosperaron. También es cierto que las admitidas subieron con respecto a 2021 un 31,71%, al ser mayor entonces el cómputo total.