Macrooperación contra el fraude fiscal en toda España: más de 20 millones de euros del IVA en la venta de móviles

La investigación, desarrollada desde 2019, ha sacado a la luz una compleja estructura empresarial diseñada para evadir el pago del IVA mediante un entramado de más de 20 sociedades mercantiles repartidas por todo el país. Entre ellas se encontraban tanto empresas importadoras como tiendas minoristas de telefonía móvil. La clave del fraude estaba en simular operaciones comerciales y reventas que permitieran ocultar la trazabilidad real de los productos.

Según fuentes de la investigación, la red criminal se abastecía de terminales móviles importados y también aprovechaba campañas promocionales de grandes superficies para adquirir productos a bajo coste. A partir de ahí, iniciaban un circuito ficticio de ventas que tenía como objetivo eludir el pago del IVA mediante el uso de facturas y envíos falsos. En algunos casos, los paquetes que supuestamente contenían teléfonos móviles eran enviados con madera o incluso botellas de agua, replicando exactamente el peso del producto declarado para no levantar sospechas.

Los terminales eran finalmente vendidos como productos reacondicionados, tanto en territorio nacional —aplicando de forma indebida el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)— como en otros países de la Unión Europea a través de plataformas de comercio electrónico. Gracias a esta ingeniería fiscal, los implicados lograban colocar en el mercado dispositivos a precios mucho más bajos que los de la competencia, lo que les permitía acaparar grandes cuotas de mercado y obtener importantes beneficios económicos.

El fraude detectado por los investigadores supera los 20 millones de euros, aunque las cifras definitivas podrían incrementarse conforme avance el análisis de la documentación incautada. Parte de esos beneficios fueron canalizados a través de más de 280 cuentas bancarias, y buena parte del capital se destinó a la adquisición de bienes inmuebles. Hasta el momento se han bloqueado 146 propiedades relacionadas con los miembros de la organización.

La fase operativa de la operación 'Backmobile' se llevó a cabo a finales del pasado mes, con un despliegue coordinado a nivel nacional. En total se realizaron 23 registros simultáneos en domicilios particulares y sedes sociales de empresas: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en Valencia, tres en Sevilla, tres en Madrid, dos en Cádiz y dos en Barcelona. Las detenciones se distribuyeron de forma similar: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid y una en cada una de las provincias restantes.

Durante los registros se intervinieron 9.000 teléfonos móviles listos para ser introducidos en el circuito comercial fraudulento, junto a 200.810 euros en metálico, 35.500 dólares en criptomonedas y un parque móvil de 75 vehículos de distintas gamas.

La operación ha sido liderada por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo de funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía. Ambos organismos han trabajado durante años para desentrañar el complejo entramado financiero, logístico y societario diseñado por esta red que, según apuntan los investigadores, operaba con una estructura tan sofisticada como profesionalizada.

Fuentes del caso destacan la importancia de esta operación no solo por el volumen del fraude, sino por el daño que este tipo de prácticas causa en la competencia del mercado y en la recaudación fiscal. «Estamos ante una organización que llevaba años actuando con total impunidad, burlando los mecanismos de control fiscal y generando un perjuicio económico de enorme calado», señalan desde la Guardia Civil.

Con esta operación, las autoridades no solo han logrado frenar la actividad de esta red delictiva, sino también lanzar un mensaje claro: el fraude fiscal, especialmente a gran escala, sigue siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad y los organismos de inspección tributaria. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en los próximos meses.