Londres tampoco encuentra al sospechoso de estafar 2,5 millones a Madrid en mascarillas

La Policía Metropolitana de Londres ha informado al juzgado de que sus intentos de dar con Philipe Haim Solomon, el hombre tras la empresa Sinclair, han sido infructuosos. Ni en el domicilio que se les proporcionó desde España, ni en el teléfono que se les facilitó ni escribiéndole por vía tradicional han conseguido «establecer contacto». Si estaba allí, ya no.

Solomon, también registrado como Philippe Víctor Chaim Hababou, es un misterio. Cuenta con pasaporte israelí pero también con uno expedido en Francia y otro más de Guinea Bissau. Los investigadores habían conseguido ubicarle en una vivienda en Ennismore Gardens y pidieron la colaboración de Reino Unido para, además de localizarle, citarle a comparecer como imputado el próximo 26 de mayo.

Pero, de acuerdo a la documentación de la causa a la que tuvo acceso ABC, la Policía Metropolitana de Londres, juez español de enlace mediante, ha hecho saber que sus intentos no han dado resultado. Ya en su día, la Policía Municipal de Madrid recabó la colaboración de sus homólogos en Nueva York para que se desplazasen a la dirección que figuraba en los contratos asociada a Sinclair y localizasen a Solomon.

La sorpresa fue mayúscula cuando al llegar al domicilio, quien abrió la puerta fue un tal Fong que decía utilizar ese piso como sede fiscal de su propia compañía, un negocio sin relación con Sinclair. Explicó que permitía a Solomon utilizar aquella como su dirección fiscal, pero aseguró que ni le había visto en persona ni tenía relación con él. Por el camino, se quejó de que a la casa estaban llegando requerimientos judiciales de distintas instancias reclamando a Solomon, incluidos del Tribunal de Florida.

Sin que el juzgado haya vuelto a tirar oficialmente la toalla, la causa sigue avanzando aunque por otro derrotero. El juez ha citado como testigo a Elena Collado, la funcionaria del Ayuntamiento de Madrid que desde la funeraria municipal, centralizó las compras de material sanitario para el consistorio durante la pandemia. Es testigo también en la otra causa por estafa agravada, la que afecta a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.

Asimismo, escuchará también en el mes de julio al intendente Jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, -firmante del atestado previo a la denuncia por parte del Ayuntamiento-, al director General de Emergencias del consistorio -denunciante del caso al apreciar que las mascarillas recibidas no servían- y al agente de la Municipal que redactó el informe sobre la posible estafa que desencadenó las diligencias.

El instructor ha tomado esta decisión a instancias de las acusaciones populares que ejercen el PSOE madrileño, Más Madrid y Podemos, después de rechazar toda una batería de diligencias que pedían encaminadas a discernir si tras el fraude, pudo darse un trato de favor en el Ayuntamiento a una comisionista de una empresa intermediaria. Los socialistas, en concreto, pedían citar al responsable de esa empresa, pero tampoco se ha acordado.

En un auto del 12 de mayo al que tuvo acceso ABC, el juez expone que la causa «se limita a investigar el posible engaño del que habría sido víctima el responsable/s del Ayuntamiento de Madrid encargado de la compra de las mascarillas» y «no es objeto del presente proceso la fiscalización de la actuación del Ayuntamiento en todo este proceso».

«Al haberse personado como acusaciones tanto partidos políticos, como grupos municipales de la oposición del actual gobierno municipal, resulta tentador para estas acusaciones populares, ejercer la acusación no ya del investigado, sino de quien ejerce la acusación particular, lo cual es insólito en un proceso judicial», dice, en relación a que el consistorio es parte acusadora en la causa.

Conforme razona, «el engaño habría consistido en haber utilizado la apariencia de un negocio de venta de mascarillas, enriquecerse con el adelanto del pago parcial, y limitarse a remitir un producto inservible» pero hasta la fecha, «únicamente existen indicios de delito en la actuación de la persona que contrata con el Ayuntamiento, que percibe el pago, y se encarga de remitir la mercancía fallida», es decir, Solomon.

Descarta así contar con base suficiente como para imputar a Araceli Vida, que declaró en diciembre como testigo y reconoció que había recomendado a Sinclair pese a no tener garantías de su fiabilidad, algo que instaban Podemos y Más Madrid.

En la misma línea, rechaza«realizar investigaciones prospectivas» sobre otras mercantiles puesto que fue Sinclair, en definitiva, quien recibió en dos transferencias los 2,5 millones de euros del Ayuntamiento y la que facilitó documentación que hacía parecer homologadas mascarillas que no eran aptas para su uso.