Llop enerva a letrados y funcionarios con dos decisiones sin previo aviso

Las asociaciones Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ) y el Colegio de Letrados de la Administración de Justicia calificaron la decisión de "incomprensible y arbitraria". "Muchos de los compañeros de esta promoción han viajado a Madrid, junto con sus seres queridos, para poder celebrar un acto que, tras tan gran esfuerzo, les habría llenado de orgullo", lamentaron en un comunicado conjunto.

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Horas antes, también este lunes, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunció que el Ministerio de Justicia ha decretado el fin de la modalidad del teletrabajo para todos los funcionarios dependientes de éste -una medida que afecta a unas 9.000 personas- y lo ha hecho sin previo aviso o negociación con los sindicatos, a través de una Circular Informativa.

Fuentes del sindicato explicaron a ABC que, antes de la pandemia de Covid, el teletrabajo era una medida a la que se recurría esporádicamente para circunstancias concretas, estudiando cada situación. Durante la pandemia se acordó este modelo para todos, con el fin de que la actividad judicial continuara. Para ello se facilitaron portátiles y los sistemas necesarios.

Ahora, el Ministerio elimina el teletrabajo al 100%, «sin tener en cuenta que la productividad se ha incrementado y se favorece la conciliación», se quejan desde STAJ.

El sindicato mayoritario de los trabajadores de Justicia entiende la medida como una posible «represalia» por los meses de huelgas que protagonizaron tanto los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para conseguir un aumento de sus nóminas de 420 euros -que finalmente entró en vigor en octubre- como los funcionarios de la Administración de Justicia.

«Desde STAJ nos oponemos a las formas de actuar del Ministerio de Justicia, que de forma sorpresiva ha eliminado la posibilidad del teletrabajo y pretende que dicha medida finalice también en todas las Comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia», ha comunicado el sindicato.

La referida Circular les llegó el pasado 27 de octubre, a través del secretario general para la innovación, Manuel Olmedo, en una comunicación que indica que «deberán acudir a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de los Cuerpos de Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia y otro personal del Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su jornada ordinaria (...)».

Los representantes de los trabajadores se quejan de que si bien hace referencia a la fecha del 4 de julio de 2023 como finalizada la situación de crisis sanitaria por el Covid, «no se menciona una fecha concreta de aplicación de esta medida».

En el nuevo enfrentamiento entre el ministerio de Pilar Llop y los trabajadores públicos, éstos últimos reprochan que «hemos prestado nuestros domicilios para prestar el trabajo durante la pandemia y ahora retiran el teletrabajo sin previo aviso».

Eso, explican, a pesar de que STAJ y Comisiones Obreras firmaran un acuerdo con el Ministerio sobre el teletrabajo en marzo de 2021 «para dar cumplimiento al desarrollo reglamentario previsto en el art. 47 bis, de aplicación a los cuerpos Generales, LAJs y cuerpos especiales, para consolidar el teletrabajo como una modalidad normal de prestación de servicio y dar impulso al entorno informático y tecnológico en la Administración de Justicia. Dicho acuerdo fue aprobado por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial celebrada el 18 de marzo de 2021».

«Ese Acuerdo aún está sin publicar en el Boletín Oficial del Estado, puesto que es preceptivo que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado emitan sendos informes. El informe del Consejo General del Poder Judicial se emitió en sentido favorable al Acuerdo. Posteriormente, en otoño del 2021, se envió el Acuerdo al Consejo de Estado que desde entonces tiene pendiente emitir informe», informan desde STAJ, donde también responsabilizan al Gobierno de influir para que el órgano consultivo no emita su informe.

Respecto a la entrega de despachos de LAJ, en el comunicado conjunto las asociaciones calificaron la decisión del Ministerio de Justicia de "incomprensible y arbitraria. Es un suma y sigue. Un día después de suprimir el teletrabajo, privan a la nueva promoción de un acto que todas las anteriores han tenido. Las decisiones del actual equipo ministerial siempre parecen inspiradas por la ira, el desprecio y el sinsentido. La falta de respeto con los compañeros que entran en el cuerpo que según la ministra Sra. Pilar Llop representa 'la piedra angular de la Justicia española' es sólo la guinda del pastel. Estamos ante un bandazo más de un Ministerio mal guiado", afirmaron exigiendo explicaciones y que "se resarza a todos los miembros de la promoción de los gastos en los que hayan incurrido".