tribuna abierta
Los procuradores exigen una pasarela justa al RETA
Un país que no reconoce el trabajo de quienes han sostenido su sistema de justicia durante décadas está renunciando a sus propios principios de equidad
Durante décadas, miles de procuradores han ejercido su profesión bajo un sistema de cotización que hoy los condena a una vejez precaria. Se trata de los profesionales que, como tantos otros en el ámbito del derecho, fueron obligados y encauzados hacia las mutualidades profesionales en ... lugar del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Años de aportaciones constantes, de trabajo ininterrumpido, de responsabilidad y compromiso con la justicia, han terminado traduciéndose en pensiones indignas, en muchos casos inferiores a los 400 euros mensuales. Esta situación, lejos de ser anecdótica, afecta a miles de familias y constituye una auténtica emergencia social.
El origen del problema se remonta a los años noventa, cuando la Ley 30/1995 permitió que los profesionales de las mutualidades pudieran integrarse en el sistema público. Sin embargo, nunca se les dio la opción de trasladar sus cotizaciones anteriores a la Seguridad Social. Es decir, se permitió el cambio de régimen, pero no el reconocimiento pleno de lo ya aportado y tiempo cotizado. Esta omisión ha generado una situación profundamente injusta: procuradores con más de treinta años de ejercicio profesional que hoy apenas perciben una renta suficiente para cubrir lo más básico.
Desde hace varios años, distintas plataformas de afectados, entre ellas colectivos como #MovimientoJ2, han venido reclamando una pasarela justa y real al RETA. Esta pasarela no puede ser simbólica ni estar llena de condiciones lesivas. Debe garantizar que un año cotizado en la mutualidad se reconozca como un año cotizado en la Seguridad Social. Ese principio, que puede ser tan elemental como equitativo, es el núcleo de la reivindicación. Sin embargo, los avances legislativos están siendo exasperantemente lentos, y lo que debía ser una solución técnica y de justicia social se ha convertido en un terreno sembrado de retrasos, ambigüedades y propuestas claramente insuficientes.
La Mutualidad de Procuradores, consciente de la magnitud del problema, ha defendido ante las instituciones una solución legislativa concreta, viable y justa, la propuesta normativa del movimiento J2. En octubre de 2024, esta entidad presentó ante todos los grupos parlamentarios una propuesta clara: permitir que todos los mutualistas pudieran trasladar de forma voluntaria sus derechos a la Seguridad Social, en condiciones de equidad, sin descuentos ni exclusiones.
En aquel contexto, las principales fuerzas políticas expresaron una disposición favorable que, en los meses siguientes, se tradujo en la activación de diversas iniciativas. Entre ellas, cabe destacar la proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, que en mayo de 2025 logró superar el trámite de toma en consideración en el Congreso de los Diputados, consolidando así un primer paso significativo en el proceso legislativo.
Sin embargo, esa proposición de ley, lejos de resolver el problema, ha generado una nueva oleada de frustración. El texto presentado por el PSOE introduce una serie de limitaciones técnicas que en la práctica hacen inviable la incorporación real y completa de los mutualistas al sistema público. Se establecen coeficientes reductores que devalúan cada año cotizado en la mutualidad y, lo que es más grave, se deja fuera a una gran parte de los mutualistas jubilados desde 2013, condenándolos a seguir percibiendo pensiones mínimas pese a haber contribuido durante décadas.
Estas condiciones han sido calificadas por la Mutualidad de Procuradores como injustas, excluyentes y claramente discriminatorias. Para estos profesionales, la dignidad no se calcula con coeficientes ni se negocia en el lenguaje técnico de los recortes. Se trata de reconocer lo que ya ha sido trabajado, aportado y merecido. No puede haber justicia social sin memoria contributiva.
Ante este escenario de parálisis y propuestas insuficientes, el colectivo ha decidido volver a movilizarse. El próximo 27 de septiembre, procuradores, abogados y otros profesionales mutualistas se darán cita en Madrid en una manifestación que se prevé multitudinaria. Será una nueva expresión de hartazgo colectivo, pero también una reivindicación firme de justicia y dignidad. No es una protesta aislada, es la continuación de años de lucha cívica para reparar una injusticia estructural que el Estado no puede seguir ignorando.
La Mutualidad de Procuradores apoya esta movilización con la convicción de que es necesario elevar la presión social y política hasta que se apruebe una norma justa. No una solución a medias. No una reforma cosmética. No un parche más en un sistema que ha demostrado no estar a la altura. La solución debe ser integral, voluntaria, respetuosa con los derechos adquiridos, y capaz de garantizar que ningún profesional quede fuera por razones arbitrarias.
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Esta no es una reclamación económica. Es una exigencia moral. Porque un país que no reconoce el trabajo de quienes han sostenido su sistema de justicia durante décadas está renunciando a sus propios principios de equidad. Porque una jubilación digna no debería ser un privilegio, sino un derecho básico. Y porque cada día que pasa sin solución es un día más de injusticia acumulada.
El 27 de septiembre, las calles hablarán. Y con ellas, hablará también la historia de miles de procuradores que siguen esperando que su país les devuelva lo que es suyo.
Lina Vassalli es vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores
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