Lobato fue a la notaría justo después de que la UCO incautase el móvil de García Ortiz

El pasado 16 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó por unanimidad abrir una causa contra el máximo representante del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos en la difusión de datos confidenciales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el tribunal también declaró su competencia para investigar a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que «supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota», dijo el Supremo en una nota oficial. Pero el salto cualitativo a la investigación se produjo el miércoles 30 de octubre.

El magistrado Ángel Hurtado ordenó a la UCO de la Guardia Civil la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz en la sede de la Fiscalía General y el vaciado e incautaciónde sus dispositivos que puedan servir como prueba de la presunta revelación de secretos por la que está imputado. A la vez, agentes entraban con el mismo mandato en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde practicaron otro registro en el despacho de Pilar Rodríguez. La visita a la notaría de Madrid por parte de Lobato se produjo justo la semana siguiente, la del 4 de noviembre.

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El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid reconoció a ABC que la decisión de protocolizar los correos electrónicos ante notario la tomó después de imputaran a Álvaro García Ortiz, pero en realidad el hecho más próximo en el tiempo no fue éste, sino la intervención de sus dispositivos de comunicación. Lobato sospechaba que a partir del análisis de correos electrónicos y mensajes de telefonía móvil se podía llegar a lo ocurrido a primera hora del 14 de marzo.

Además, meses atrás, a finales de junio, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto habían sido imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, después de la querella presentada por Alberto González Amador. Es decir, Juan Lobato tardó casi ocho meses en acudir al notario con los mensajes que le había enviado Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, que entonces era la mano derecha de Pedro Sánchez en el complejo de La Moncloa. Entre un hecho y el otro se produjo la denuncia de la pareja de Ayuso, la imputación de dos fiscales y de Madrid y la del fiscal general del Estado, pero no fue hasta la interceptación del teléfono móvil y el ordenador de García Ortiz.

Las fuentes consultadas por ABC aseguran que Lobato pretendía cubrirse legalmente, acreditar que él no reveló información sujeta a secreto. Como técnico de Hacienda que es, sabe perfectamente lo que esto puede suponer. Además, a principios de este mes ya había informaciones sobre las intenciones de Ferraz de relevar a Lobato al frente de los socialistas madrileños. El portavoz del PSOE en la Asamblea ocultó a Pilar Sánchez que había entregado los mensajes en una notaría.