Libertad con cautelares para el exjefe de ETA Mikel Antza por el atentado en Santa Pola

En concreto, en dos autos dictados al cabo de la mañana, impone a Sagarzazu obligación de designar domicilio en el que ser notificado, mientras que a Antza le retira el pasaporte y le impone acudir quincenalmente a los juzgados a firmar. No obstante, el exdirigente de ETA ya tenía estas cautelares en vigor por la causa sobre el asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, en la que también está investigado.

Ambos habían sido citados a declarar además de Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Múgica y Soledad Iparraguirre (Anboto) por el atentado de Santa Pola después de que un informe de la Guardia Civil le situase como miembros de la Zuba o directiva de ETA en las fechas de aquel atentado. Está investigado igualmente Félix Esparza, pero en su caso no había sido citado este lunes.

Según informaron en fuentes jurídicas a ABC, Anboto no ha comparecido por una cuestión logística, ya que no había sido trasladada a la prisión desde la que se había fijado la videoconferencia. Mientras, Olarra Guridi y Múgica Goñi han apelado al principio de especialidad: España debe pedir autorización a Francia para interrogarles por estos hechos, en una situación que sería análoga a la de Iparraguirre, entregada sólo a fin de responder por determinadas imputaciones.

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Albisu, por su parte, se ha acogido a su derecho a guardar silencio, de manera que sólo ha prestado declaración Sagarzazu. Se ha desmarcado del atentado de Santa Pola asegurando que no tuvo ningún conocimiento y esgrimiendo, además, que en Francia fue condenado en firme y cumplió condena en calidad de militante de ETA, que no de dirigente de la organización terrorista, con los mismos atestados que maneja ahora la Guardia Civil para situarle en la cúpula.

Dignidad y Justicia, en una petición a la que se había adherido la Asociación de Víctimas del terrorismo, instaba prisión para Sagarzazu y Albisu, los únicos de los cinco que se encuentran en libertad. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, ha instado medidas cautelares como las finalmente adoptadas.

Para el instructor, no se dan en ninguno de los casos los requisitos para acordar la prisión preventiva, pues no se aprecia riesgo de fuga al tener ambos residencia y arraigo en España; y tampoco destrucción de pruebas u obstrucción a la justicia habida cuenta de que el atentado tuvo lugar hace veinte años. Se despeja igualmente la posibilidad de reiteración delictiva por la extinción de la banda terrorista ETA.