Libertad con cargos para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes

Esta mañana pasaba a disposición judicial para comparecer ante la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, después de pasar dos noches en el calabozo. Su detención fue la última en producirse, el pasado lunes en su domicilio de Fuerteventura, una vez que entregó el acta de diputado y, por tanto, dejó de ser aforado ante el Tribunal Supremo.

Los investigadores sitúan a Fuentes Curbelo en la cúspide de la presunta organización criminal junto al exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, ya en prisión provisional. Sospechan que junto al sobrino del político y antiguo director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Teishet Fuentes, seducían a empresarios para que les pagaran comisiones, regalos, noches de fiesta que rondaban los 3.000 euros así como prostitutas a cambio de desplegar su influencia y ayudarles a expandir sus negocios en Canarias, archivarles sanciones o facilitarles subvenciones. A algunos de esos empresarios les recibían incluso en el Congreso de los Diputados o en la Dirección General de la Guardia Civil.

De acuerdo a las pesquisas, el «nexo común» entre los dos, sería Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, un conocido de la infancia del exdiputado y con antecedentes penales que se encargaba de lidiar con los presuntos empresarios implicados. Fue él quien, tras ser detenido hace un año acusado de estafa por otro asunto, ofreció su colaboración a la Policía, confesó las actividades de la red y como prueba puso a disposición de los agentes dos teléfonos móviles con una ingente cantidad de archivos y más de 30.000 audios.

De acuerdo a las conclusiones de los investigadores, el diputado exigía a los empresarios un pago inicial de 5.000 euros mediante transferencia bancaria a la Asociación Deportiva Tetir, que él mismo presidía, tal y como adelantó este diario. También es propietario de una asesoría, clave también para convencer a aquellos empresarios que buscaban instalarse en las islas.

En cuanto a dichos empresarios- en libertad con medidas cuatelares - los investigadores distinguen dos grupos. Por un lado, los peninsulares interesados en extender su negocio a la ZEC y, por otro, los insulares, en su mayoría queseros y ganaderos pendientes de recibir subvenciones o eludir sanciones. Dentro del primer grupo, constan empresarios del sector de las energías renovables que habrían recurrido a los dos socialistas para que les pusieran en contacto con otros empresarios de alto nivel a fin de desplegar negocio.