La ley de medios obvia la protección de las fuentes que promueve Europa

Cabe recordar que los reglamentos de la Unión Europea son de obligado cumplimiento y de aplicación directa por parte de sus Estados miembros –pasan a formar parte de su legislación y se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE)–, al contrario de lo que sucede con las directivas, que sí son de necesaria trasposición ya que cada país elige la forma en la que desarrolla los objetivos recogidos en ellas. Pero al margen de ese apunte técnico, en la ley de medios del Gobierno llama la atención que se centre en la creación de un registro estatal de medios y en «un riguroso régimen sancionador» –como presume la Moncloa en su web–, pero obvie las medidas más garantistas con la profesión.

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley la semana pasada, en su última reunión antes del parón veraniego, y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes lo remitió a la Cámara Baja. La norma entró en el registro del Congreso pasadas las nueve y media de la noche del miércoles, con la firma electrónica del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, el socialista Rafael Simancas, y aunque aún no se ha publicado en su web porque debe calificarla antes la Mesa, ABC ha tenido acceso a ella. E igual que hay coincidencias con los reglamentos europeos que esgrime el Ejecutivo, también se esquivan cuestiones básicas.

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Entre los objetivos del Reglamento 2024/1083 figuran la protección de la independencia editorial, la de las fuentes periodísticas y la garantía del funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos. En la parte dispositiva de la ley de medios no hay ni una sola mención a esas tres metas. Pero es que además se da la circunstancia de que bajo el mandato de Sánchez se han modificado por real decreto ley las mayorías necesarias para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) –el Gobierno se garantizó el control del órgano– y se nombró presidente de Efe a quien fue su primer secretario de Estado de Comunicación, el periodista Miguel Ángel Oliver.

El artículo 4 del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación hace hincapié en que los Estados miembros de la Unión Europea deben asegurarse de que «las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales son protegidas de manera efectiva». En la ley de medios española, que según el Gobierno bebe directamente de las normas europeas, no se menciona nada al respecto. Y eso que la normativa comunitaria nació bajo la presidencia española del Consejo Europeo, aunque se hacía con la vista puesta en la deriva autoritaria de Ejecutivos como el de Viktor Orbán, en Hungría.

Ahora, la preocupación del Gobierno –y concretamente desde la apertura de una investigación judicial contra la mujer de Sánchez, Begoña Gómez– se dirige fundamentalmente a los 'pseudomedios'. El propio presidente, tras los cinco días de reflexión que se tomó en abril del año pasado para meditar su futuro, anunció un plan de regeneración democrática del que formaba parte esta ley. Él está convencido de que hay digitales que se financian con dinero público de comunidades autónomas gobernadas por el PP que exceden las subvenciones legalmente establecidas por criterios objetivables como las audiencias.

De ahí que la ley fije un registro de medios en el que se publicite su propiedad y el dinero público que reciben. El ministro López trató de desligar al Gobierno de ese nuevo órgano al concederle un rol de árbitro a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque sus consejeros son nombrados directamente por el Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Economía.

Al margen del registro, la norma plantea la posibilidad de restringir la prestación de servicios de la sociedad de la información si se atenta contra «la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; la protección de la juventud y la infancia; [y] la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual». La propia ley, sin embargo, recoge que deben respetarse los derechos a la libertad de expresión e información, por lo que en los casos en los que la Constitución o las leyes reguladoras de esos derechos lo prevean «solo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo».

Además, la ley prevé medidas para reforzar la protección de datos y también otras que facultan a la CNMC a evitar la concentración de medios de comunicación en aras del «pluralismo». Como ya contó este diario cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto, se contempla un régimen de sanciones en el que, por infracciones muy graves, podrán imponerse multas de hasta 1,5 millones de euros para los medios con más ingresos.