La ley de amnistía pone en riesgo el juicio del Tribunal de Cuentas por el 1-O

El procedimiento de reintegro por alcance, con el que la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador busca la devolución del dinero público del que se hizo mal uso para los fines mencionados, llega a juicio precisamente cuando Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts exigen al Gobierno la aprobación de una ley de amnistía para los políticos condenados por promover el proceso independentista, el presidente fugado de la Justicia Carles Puigdemont y el resto de cargos públicos que aún continúan investigados en juzgados catalanes por hechos relacionados.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra en cerca de 3,2 millones de euros la responsabilidad contable del 1-O y de la acción exterior del 'procés', mientras Sociedad Civil Catalana (SCC), que dirigió la demanda contra 11 personas, entre ellas los exconsejeros Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva o Francesc Homs, consejero de Presidencia del Gobierno de Artur Mas, la eleva a 5,1 millones de euros.

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Fuentes del Tribunal de Cuentas trasladaron que cualquiera de las partes puede solicitar la suspensión de la vista incluso el mismo día de su celebración, aunque de momento nadie lo ha hecho. En caso de que ocurra, la consejera Helena Hernáez, responsable del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, tendrá que valorar la oportunidad y procedencia de las peticiones para tomar una decisión. No es necesario que los codemandados estén presentes en el juicio, sino que lo harán sus representantes legales.

La defensa de Artur Mas ha solicitado que Puigdemont comparezca como testigo, pero ese trámite podría hacerse por videoconferencia, de tal manera que el expresidente catalán fugado de la Justicia española no tendría que venir a España para testificar. En todo caso, su incomparecencia no implicaría indefensión para Artur Mas.

Es prácticamente imposible que la ley de amnistía -si finalmente hay acuerdo político para que salga adelante- reciba el visto bueno de las Cortes antes de la celebración del juicio previsto para dentro de tres semanas y un día. Si ésta se aprobara después del juicio y antes de la emisión de la sentencia, sus efectos podrían tener distintas consecuencias según la redacción de la norma. Es la propia ley la que debe determinar si alcanza únicamente las responsabilidades civiles y penales o también las contables, en cuyo caso implicaría el archivo de todo el procedimiento del órgano fiscalizador. La sentencia, una vez que se conozca, puede recurrirse ante los otros tres consejeros de la sección de Enjuiciamiento y, en última instancia, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

El juicio que comenzará el próximo viernes, 17 de noviembre, salvo sorpresa de última hora, podría alargarse durante días aunque en un principio se esperaba que sólo ocupara una jornada. La instructora ha permitido que las conclusiones se puedan exponer de manera escrita en lugar de oral, lo que agilizaría trámites.Antes de la exposición de las conclusiones, se practicarán los interrogatorios de parte y a los testigos que fueron admitidas en la audiencia previa.