Los letrados del Congreso consideran «muy difícil, si no imposible», el uso «a corto plazo» de las lenguas cooficiales
Se muestran a favor de la medida, pero recalcan las dificultades para aplicarla
El coste de utilizar lenguas cooficiales en las Cámaras
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Iniciar sesiónLos servicios jurídicos del Congreso consideran «muy difícil, si no imposible», aplicar «de forma inmediata o a corto plazo» la reforma del Reglamento de la Cámara registrada por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG para permitir el uso generalizado de las ... lenguas cooficiales en los debates e iniciativas parlamentarias. En este sentido, avisan de que su puesta en práctica obligaría a «replantear todos los procedimientos parlamentarios» tal y como están concebidos en la actualidad.
Así consta en la nota redactada por los letrados de la institución para informar sobre esta iniciativa que este miércoles tiene previsto calificar la Mesa de la Cámara, en la que el PSOE y Sumar tienen mayoría y a la que se opone el PP, que también esta representando en el órgano de gobierno.
En su escrito los letrados se muestran a favor de admitir a trámite la reforma y no ponen pegas a que, como quieren sus promotores, sea debatida en tramitación directa y en lectura única, lo que implica que sea aprobada de manera exprés en el pleno, sin pasar por la Comisión de Reglamento, que aún no se ha constituido.
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La idea de sus defensores es que la reforma quede aprobada en una sesión plenaria la próxima semana para que pueda estrenarse en el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, los días 26 y 27 de septiembre.
Sin embargo, pese a avalar su tramitación, los letrados advierten de las dificultades que entraña una rápida aplicación de esta reforma tal y como está planteada.
Afectada toda la Cámara
Tras recalcar que el texto «reconoce a los diputados un derecho general a utilizar sin limitaciones y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria las mencionadas lenguas y establece la posibilidad de su uso exclusivo, al margen del castellano», subraya que eso «resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo«.
«La reforma planteada afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios, y, por ende, al entero funcionamiento de la Cámara«, abundan los servicios jurídicos. En esta línea, señalan que, »en garantía de la seguridad jurídica y del 'ius in officium'«, sería necesario »replantear todos los procedimientos parlamentarios, tal y como los mismos se encuentran actualmente configurados«.
Los letrados recalcan que se ha de tener en cuenta que el reconocimiento del uso exclusivo de las lenguas españolas distintas del castellano «precisa inexcusablemente», como la propia reforma dispone, de mecanismos de traducción e interpretación a la lengua común.
«Desde el mismo momento en que se permita el uso de aquellas, será preciso asegurar, por un lado, la comprensión del debate y el objeto del mismo y, por otro, dotar de validez jurídica plena y 'erga omnes' a las iniciativas sobre las que se discute y que, eventualmente, resulten aprobadas y, más ampliamente, a todos los documentos, cualquiera que sea su naturaleza, que hayan de ser tramitados en la Cámara«, especifica la nota de los servicios jurídicos.
En este contexto, destacan que no puede obviarse que la actividad parlamentaria, en todos sus ámbitos, «está determinada por el principio de inmediatez, debiendo ajustarse a unos plazos tasados y generalmente breves, que difícilmente podrán cumplirse si, en relación con las iniciativas y documentos que se presentan, ha de procederse, como paso a previo a su tramitación, a su traducción al castellano«.
Asesoramiento del Senado
La iniciativa no lo detalla, pero el plan inicial es que se vayan contratando ya de urgencia traductores para el debate de la investidura de Feijóo, y también habría que repartir cascos para que los diputados y los servicios de taquigrafía puedan seguir los discursos en lenguas cooficiales.
El Congreso ha pedido asesoramiento al Senado a nivel técnico sobre la forma en la que opera la Cámara Alta en la contratación de auriculares, aunque no se han producido contactos a nivel político.
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