El 'lawfare' selectivo de Pedro Sánchez y los otros 100 Camps

Este mismo sábado, en una entrevista concedida a ABC, Camps recordaba que no es el único que ha transitado esta travesía. La ingente presentación de denuncias y la apertura de investigaciones fiscales y judiciales en los últimos 20 años contra políticos, funcionarios, empresarios y otros profesionales relacionados con administraciones de la Comunidad Valenciana gobernadas por el PP es paradigmática. «Decenas y decenas de compañeros que han tenido denuncias, una tras otra, por parte del PSOE y de partidos como Podemos y Compromís. Constantes y sistemáticas. Podemos hablar de Rita Barberá, que es un caso trágico, porque ya no está con nosotros, podemos hablar de un montón de gente, como concejales, diputados, alcaldes de pequeños pueblos o de grandes ciudades que también han sufrido la persecución brutal de un partido que ha decidido en un momento determinado destruir las carreras políticas de los militantes del PP», denunciaba Camps en la entrevista.

ABC ha realizado una labor de investigación, recopilando más de 100 casos de personas que estuvieron en el foco de la Justicia y terminaron absueltas, aunque con su reputación afectada. Algunos dimitieron y no pudieron volver a la política hasta 15 años después, otros perdieron el trabajo y, en los peores casos, fallecieron en el proceso, como la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá o la intendente del Palau de Les Arts, Helga Schmidt, investigada en una causa donde todos los acusados en relación al modo en que acordaron los patrocinios de la entidad cultural resultaron absueltos.

Diez años pasaron hasta que el Tribunal Supremo anuló su propia sentencia y absolvió del delito de prevaricación a Manuel Vilanova, exalcalde popular de Villareal quien, en 2007, dejó el cargo tras ser condenado a un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación que tuvo, como cantaba Joaquín Sabina, «mucho ruido» durante años y pocas nueces.

La condena fue por no hacer caso a denuncias vecinales contra el ruido de una fábrica de azulejos. La Audiencia de Castellón anuló la condena en 2005 pero el Tribunal Supremo revocó su decisión y el alcalde tuvo que dejar el cargo en 2007 por la pena de inhabilitación, a pesar de su popularidad. Había ganado las elecciones con mayoría absoluta y gobernaba la ciudad desde hacía 11 años. Diez años después, en 2015, el Alto Tribunal revocó su propia sentencia y devolvió la inocencia a Vilanova, que en 2019 decidió volver a una lista electoral del PP en Villarreal.

La primera alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cargo al que llegó en sustitución de su antecesor Luis Díaz Alperi, asumió en su persona durante años la imagen de la corrupción de la provincia con el 'caso Brugal', abierto por delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por supuesto trato de favor de ella y Alperi al empresario también investigado, Enrique Ortiz. En 2014, también arrinconada por los líderes de su partido en la provincia, dimitió. Lo hizo el día de su cumpleaños, a través de la red social Facebook y afirmando que el motivo eran «sus hijas», para que no siguieran pasándolo mal, así como que «jamás» había hecho nada «deshonesto».

En 2021, la Audiencia de Alicante absolvió a la exalcaldesa por falta de pruebas y prescripción de hechos, aunque sí condenó tanto a Díaz Alperi como a Ortiz a penas de multa por cohecho. Este año, rechazando los recursos de la Fiscalía, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de Castedo, quien ha denunciado públicamente el calvario sufrido durante años por esta causa. Sin embargo, los magistrados del Alto Tribunal quisieron dejar constancia en la sentencia -aunque no haya reproche penal- de que el empresario le regaló en 2008 una chaqueta de la marca Carolina Herrera no porque fueran amigos, sino porque era alcaldesa, un asunto que siempre la perseguirá.

Incluso la imagen de la televisión pública valenciana, que acabó cerrando, se resintió por las denuncias de corrupción. Mónica Oltra, líder de Compromís que renunció al cargo en 2022 por supuestamente encubrir los abusos sexuales de su marido en un centro de menores de la Generalitat, asunto del que el juez instructor de la causa la ha exonerado -en julio la Audiencia decidirá si confirma esta decisión- fue quien presentó la denuncia contra la cúpula de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) por la gestión que la llevó al cierre con una deuda de 1.600 millones. Ocho años después, el Tribunal Supremo confirmó la absolución del exdirector del ente José López Jaraba y los directivos Luis Redondo, Nuria Romeral, Lluís Motes y la que fuera consellera y portavoz del Gobierno autonómico, Lola Johnson.

La cantidad de denuncias, archivos de denuncias, imputaciones, sobreseimientos, aperturas de juicios, absoluciones, recursos contra éstos y confirmaciones a lo largo de casi 20 años convierten la hemeroteca judicial de la Comunidad Valenciana en una maraña de noticias tras la que no queda claro quién quedó finalmente con cuentas pendientes con la Justicia o no, lo que conduce a la opinión pública a meter en el mismo saco de la corrupción a quienes un día aparecieron en 'los papeles'. Y eso es precisamente lo que lamentan quienes no ven restituida su imagen a pesar de las absoluciones. Algo que ocurre en todos los partidos políticos.

Este periódico reúne el listado de los absueltos o liberados de denuncias en la Comunidad Valenciana, especificando el caso en cuestión (ver listado).

De ahí que algunas personas aparezcan mencionadas varias veces, puesto que han quedado fuera de distintas causas judiciales, acumulando varias resoluciones incluso en el mismo año, siendo el caso del expresidente Francisco Camps el más significativo.