El laberinto del caso Koldo: tres versiones y una investigación

La investigación que comenzó contra los dos segundos y otras personas de su entorno en la Audiencia Nacional a partir de unas adjudicaciones de mascarillas en la primera fase de la pandemia por importe de 53 millones de euros a la empresa instrumental Soluciones de Gestión acabó escalando al mayor nivel de responsabilidad en el ministerio y así, hasta Ábalos y el Tribunal Supremo, donde goza de aforamiento.

La tesis de los investigadores es que Aldama pagó mordidas para conseguir aquellas adjudicaciones tanto a García como a quien era persona de plena confianza de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE, ya fuera en efectivo o con prebendas como inmuebles para su disfrute y el de personas de su entorno. Sin embargo, el comisionista decidió en noviembre declarar voluntariamente para negociar una salida de la cárcel donde se encontraba en preventiva por una investigación de fraude con hidrocarburos y revolucionó la instrucción añadiendo hechos e imputaciones nuevas, incluso incriminándose, y apuntalando las que ya estaban sobre la mesa.

Noticia Relacionada

Así es Matrix El chat de narcos con 500 usuarios en España

Isabel Vega

Aquella declaración, a la que la Fiscalía Anticorrupción dio credibilidad y que le granjeó la salida en libertad en cuestión de horas, de momento sólo se ha contrastado con las declaraciones en sede judicial tanto de Ábalos como de Koldo García, pues la causa en el Supremo no ha hecho más que empezar. Aldama se está tomando su tiempo en aportar las pruebas que, sostiene, posee de sus delaciones.

De momento, en poder del Supremo están unas tablas de adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras con unos subrayados que según el comisionista indican obras preasignadas a empresas que pagarían comisión a cambio al ministro y unas anotaciones con obras coincidentes que habría realizado y enviado por WhatsApp a su teléfono Koldo García, pero eso es sólo lo que él ha aportado.

Tanto en la operación por la investigación sobre las mascarillas como en la posterior relativa al fraude de hidrocarburos se intervinieron decenas de dispositivos electrónicos cuyo análisis no se ha completado y que podrían arrojar más luz sobre las acusaciones del comisionista. El último móvil que le incautaron, de hecho, es, según sostiene Aldama, el que alberga mensajes que apuntalan su confesión de que entró hasta la cocina en el Ministerio de Transportes y desde ahí, a otros departamentos del Gobierno y al Partido Socialista.

Pero hay más elementos en juego, como los terminales incautados también en ese asunto a Carmen Pano y su hija Leonor, las dos tras la empresa que adquirió el chalet en Cádiz que alquilaría unos meses el exministro y luego, dejaría de pagar. Ellas tienen relación con Aldama desde hace años y sus teléfonos, mucho que decir. La primera denunció en una entrevista en 'The Objective' que había llevado para el comisionista dos bolsas con 90.000 euros en efectivo en total a la sede del Partido Socialista en Madrid y que tiene un testigo que puede acreditarlo. Lo demás que hablasen entre ellos, como con el socio en el asunto de hidrocarburos, Claudio Rivas, está encerrado en esos terminales que ahora, la Guardia Civil analizará.

En espera de los avances de la investigación en estas dos derivadas, de momento lo que consta frente a las acusaciones de Aldama y tres años de pesquisas de la UCO es la palabra de unos y de otros: las declaraciones ante el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que dieron tanto Ábalos como Koldo García y el propio comisionista.

Ahí es donde afloran las contradicciones que los tribunales ahora tendrán que desbrozar, ya sea desde el Supremo o desde la Audiencia Nacional y que empiezan por la propia relación que existía entre ellos: Koldo reconoce que conocía y trataba con frecuencia a Aldama, pero sólo hablaban de cosas banales, contra lo que dice su propio teléfono. También sostiene que al despacho del ministro no entraba, pero sí que al menos una vez estuvo en su casa, la que proporciona en Madrid el Ministerio de Transportes al titular de la cartera.

Mientras, Aldama dice que su relación era con Koldo y con Ábalos por igual. Y Ábalos lo que afirma es que Aldama con quien hablaba era con Koldo y que con él no tenía una relación «estrecha», pero firmó ante notario alquilarle con opción a compra un piso en la Castellana que nunca se le entregaría y costeaba el piso de su novia en Madrid.

Si el diablo, dicen, está en los detalles, sus comparecencias dejaron un puñado de ellos en las cinco áreas clave de las imputaciones y todos, en clave de contradicciones.

El comisionista Víctor de Aldama sostiene que Ábalos y Koldo le hablaron de la necesidad de mascarillas una semana antes de la adjudicación, llamó a Juan Carlos Cueto y lo gestionó con él, que tenía proveedores en China. Fue Ábalos, según dijo, quien le abrió negocio en Baleares y Canarias. Ganó 5,5 millones de euros.

Aldama asegura que pagó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a Koldo García por la gestión de las mascarillas, pero elevó el cómputo total a más de 650.000 euros para el primero y más de un cuarto de millón para el segundo por diversos conceptos. Dijo que al principio, las entregas eran a Koldo, pero luego también al ministro. Aseguró que llevó 170.000 euros a su casa en efectivo.

El comisionista se situó como un «recaudador» de dinero para Ábalos, Koldo y el PSOE, pues le dijeron que parte de las mordidas que pagaban iban para el partido. Aseguró que entregó 15.000 euros al secretario de Organización, Santos Cerdán, y otros 25.000 por un favor a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. El entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le reclamó vía Koldo 50.000 euros y no pagó.

Aldama asegura que Ábalos y Koldo le «usaban para todo». Gestionó la compra de un chalé en Cádiz para el disfrute del exministro, firmó con él el alquiler con opción a compra de un piso de lujo en la Castellana como garantía de mordidas futuras y costeó el alquiler de la vivienda de su novia porque él se lo pidió.

La acusación más sorpresiva de Aldama. Asegura con un listado de obras y unas anotaciones que se preadjudicaban carreteras a empresas a las que él ya conocía y que comprometían mordidas al ministro y su asesor. Sostiene que en el PSOE hay «cupos» de licitaciones de obra pública.

Ábalos asegura que no estuvo en la selección de ofertas ni en la elección de la adjudicataria porque para eso, están los técnicos del ministerio. Subrayó que había urgencia por conseguir el material y que el precio incluyese los traslados y garantías de pago. Sólo firmó las órdenes de compra y lo que le iba trasladando el subsecretario. Koldo García, dijo, no tenía competencias tampoco para gestionar la adjudicación.

El exministro niega taxativo haber cobrado mordida alguna ni por las mascarillas ni por ningún otro concepto. Sostiene que Aldama mintió al hablar de los pagos para poder salir de prisión.

Ábalos no fue interrogado por este asunto ya que en su delación, Aldama no le situó presenciando pagos a terceros, como sí hizo con Koldo García. Negó, en cualquier caso, pago alguno de su parte a través del asesor y minimizó su relación con el comisionista.

El exministro aporta recibos de haber pagado 7.500 euros para alquilar la casa de Cádiz y asegura que le desahuciaron por impago, no por ninguna corruptela fallida. Asegura que el piso de la que fue su novia lo pagaba Koldo porque era amigo suyo, aunque él también la ayudó en ocasiones, y no sabía que un empresario socio de Aldama también lo hiciera. En la misma línea, se desmarcó del empleo público que ella consiguió en el Ministerio de Transportes. En cuanto al piso en Castellana, Ábalos reconoce el contrato, pero habla de un alquiler que no pudo ser porque la vivienda tenía un inquilino y no se marchó. Asegura que se lo gestionó Koldo y que con esa firma, él se comprometía a pagar, no era un regalo.

Ábalos niega la mayor y sostiene que la acusación de Aldama es una «afirmación gratuita» porque en cuatro años en el ministerio nunca entró en asuntos de carreteras, un tema «muy técnico» para el que hay expertos que se encargan. Declaró que no se había detenido en revisar la documentación del comisionista, pero le costaba identificar las fichas que había presentado y en cualquier caso, las notas al pie no eran suyas. No conocía personalmente al puñado de empresas que mencionó Aldama.

Koldo García asegura que recibió múltiples ofertas y que no recuerda si la definitiva iba de la mano de Aldama. Su preocupación era ayudar para que Transportes y otros organismos públicos consiguieran el material. Ábalos, según su declaración, no estuvo en la decisión de la adjudicataria.

Koldo García niega haber cobrado mordida alguna de la trama, ni en España ni a través de República Dominicana –su hermano, dice, iba allí por negocios–, y trata de justificar su patrimonio con la suma de una pensión de incapacidad, ahorros, su nómina y unas acciones de su suegro a nombre de su mujer. Niega que pagase a Ábalos de parte de Aldama o que éste le tuviera a sueldo por 10.000 euros al mes.

El exasesor ministerial insistió en que el relato de Aldama es falso: negó haber sentado al comisionista con Santos Cerdán y aunque abrió la puerta a haber coincidido con el comisionista y Carlos Moreno, aseguró que nunca sucedió la entrega de 25.000 euros que narra.

Koldo García reconoció que le buscó el piso de la Castellana a Ábalos y el chalet de Cádiz así como se arrogó los pagos de la vivienda de la novia del exministro en Madrid, si bien no pudo explicar por qué si Aldama no tenía nada que ver con estos dos últimos asuntos, recurría a él cuando había algún problema, ya fuera porque a la mujer le fallaba la nevera, ya fuera por la recepción de la orden de desahucio de la casa en la costa.

El exasesor no reconoció su letra ni tampoco su mano en la fotografía de unas anotaciones que aportó Aldama. Sí conocía el estadillo de obra pública porque había visto «muchos» en el ministerio, pero no identificó los subrayados y negó operativa alguna de comisiones por adjudicaciones de carreteras.

De las diligencias practicadas a lo largo de tres años (primero para la Fiscalía Anticorrupción y luego, para el juez Ismael Moreno), la UCO ha concluido que la orden de contratar a Soluciones de Gestión partió del ministro Ábalos y/o su gabinete, en referencia a Koldo García. En principio, no han aflorado ilegalidades en la contratación en sí, aunque una auditoría del Ministerio de Transportes apunta a irregularidades en aspectos como la modificación del pedido inicial o la ausencia de actas de entrega.

La Guardia Civil estima que Koldo García amasó un patrimonio de millón y medio de euros durante su paso por el ministerio cuyo origen no queda del todo esclarecido. Además, sostiene que estaba a sueldo del comisionista Víctor de Aldama, con pagos regulares de 10.000 euros al mes en efectivo, directamente o recogidos por su hermano Joseba. En cuanto a Ábalos, considera que la casa de Cádiz fue una contrapartida.

Esta nueva acusación elevada por Aldama no ha sido hasta ahora objeto de la causa en la Audiencia Nacional, aunque el juez ha oficiado a la UCO para que rastree el ingente material intervenido en busca de elementos que sirvan para contrastar las afirmaciones del comisionista. Por orden de otro juzgado de la Audiencia Nacional que le investiga por un fraude de hidrocarburos, los agentes han procedido ya a volcar un teléfono móvil donde Aldama sostiene que alberga pruebas.

Para la Guardia Civil, el pago del apartamento en Madrid donde residía la mujer que tuvo una relación sentimental con Ábalos era también una prebenda para el ministro por cuenta del comisionista y el chalet en Cádiz, un cohecho consecuencia de la gestión de las mascarillas, pero también para que un socio de Aldama consiguiese una licencia que anhelaba de operador de hidrocarburos. Los mensajes intervenidos relacionan el desahucio de Ábalos de la vivienda con la denegación de ese permiso en 2021.

Otra acusación de Aldama a la que ahora, los investigadores dedicarán esfuerzos, según las fuentes consultadas por ABC. Se analizarán tanto los expedientes de las obras como el patrimonio de Ábalos, esto una vez el Congreso conceda el suplicatorio al Supremo.