De la Transición a hoy: Un nuevo modelo demográfico

El director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional del Instituto de Empresa analiza para ABC lo ocurrido en este intervalo

MADRIDActualizado:

La década de los 70 del siglo pasado, cuando se inicia la transición política en España, marca el inicio de un cambio significativo en la evolución de nuestra demografía. Realmente esos años suponen el comienzo de un nuevo ciclo poblacional que, con algunos cambios, se ha prolongado hasta el presente. El año 1977 es el final de los 20 años del «Baby Boom», el periodo de máxima fecundidad de toda nuestra historia demográfica con cifras de nacimientos que alcanzaron los 600.000 o incluso 700.000 en algunos momentos. A comienzos de la década, la crisis económica, redujo la intensidad de las corrientes migratorias hacia Europa que se venían produciendo desde el Plan de Estabilización de 1959 y alentó los retornos de una parte de los antiguos emigrantes. Esta ralentización de las corrientes externas estuvo acompañada por cambios en la dinámica de las migraciones interiores. El éxodo rural, tan decisivo en la distribución actual de la población, se desaceleró y las corrientes internas adoptaron intensidades, características y direcciones muy diferentes a las del pasado. Disminuyeron los movimientos interregionales y aumentaron los intrarregionales al calor del crecimiento de ciertos núcleos urbanos y la expansión de sus periferias.

Con la llegada de la democracia, España inicia, pues, una nueva etapa demográfica definida por la profundidad de los cambios y por el corto periodo de tiempo en el que se produjeron. De altas tasas de natalidad pasamos a tener valores muy bajos que no permiten desde hace tiempo renovar las generaciones. De ser un país de emigrantes –La España peregrina de Machado– nos convertimos en una nación de inmigrantes, salvo en el periodo reciente de crisis económica. De una relativa abundancia de jóvenes hemos evolucionado hacia un intenso envejecimiento. Además ,el país se incorporó a la llamada segunda transición demográfica que supuso modificaciones importantes en los comportamientos matrimoniales y en los modelos familiares.

La inmigración contribuyó al crecimiento económico del que fueron manifestaciones concretas su aportación al mercado laboral

En 1978, cuando se aprueba la Constitución, éramos algo menos de 37 millones, podíamos renovar las generaciones (2,5 hijos por mujer en edad de procrear), teníamos más nacimientos que defunciones, una población joven (0-15 años) razonable (27%) y un porcentaje de viejos (más de 65 años) de tan sólo el 10%. Cada año se producían bastantes matrimonios, sobre todo por la Iglesia, los hijos se alumbraban relativamente pronto (28 años de edad media a la maternidad) y casi todos nacían en el seno de la institución familiar. Por otra parte, la emigración permanente era reducida y el saldo resultaba favorable debido a los retornos. Solo la emigración de temporeros a Francia para la realización de faenas agrícolas mantenía una cierta importancia

Sin embargo, a partir de esa fecha (1978) y hasta finales del siglo, el panorama cambió profundamente. En 1998 la natalidad se desplomó hasta 365.000 nacimientos, el índice de fecundidad se situó en mínimos históricos (1,12 hijos por mujer), el crecimiento natural se acercó a 0, el porcentaje de jóvenes bajó al 15% y la población vieja rebasó este nivel (16,3%) invirtiendo la tradicional estructura por edades en la que siempre hubo más jóvenes que viejos. Todavía en esa fecha no alcanzábamos los 40 millones de habitantes, una cifra que los demógrafos del franquismo anunciaban para pocos años después del final de la guerra.

Pero cuando nuestra demografía languidecía, las cosas empezaron a cambiar de una forma inesperada. Entre 1998 y 2008 se desarrolló lo que algunos economistas han llamado la década prodigiosa que tuvo importantes consecuencias demográficas. El fenómeno de mayor alcance fue la fuerte inmigración de extranjeros que pasaron de 1,3 millones a 4,5 millones, merced a la creación de puestos de trabajo (6 millones) en los sectores más demandantes de mano de obra foránea: la construcción, el servicio doméstico, el cuidado de mayores, la hostelería, el comercio al por menor, la agricultura o las obras públicas. De esta manera España se convirtió en uno de los 10 primeros países del mundo por el volumen de su población extranjera.

La inmigración contribuyó decisivamente al crecimiento económico del que fueron manifestaciones concretas su aportación al mercado laboral y un balance positivo para las finanzas públicas. En él terreno demográfico favorecieron la recuperación de la natalidad. Las madres extranjeras alumbraron un 20% de los 492.000 nacimientos de 2008, y contribuyeron a la subida de la fecundidad. Hombres y mujeres de fuera favorecieron el aumento de los matrimonios, la reducción ligera del envejecimiento y en definitiva el crecimiento de la población que pasó de 40,5 millones en el año 2000 a 45 millones en 2007. Y todo ello en un clima de aceptación generalizada de los inmigrantes que no provocaron rechazos especiales y mucho menos situaciones preocupantes de racismo y xenofobia. Quizás nuestro pasado emigratorio, o la recepción de una corriente turística tan numerosa y diversa puedan explicar los bajos niveles de discriminación de nuestros ciudadanos frente a los extranjeros. Y que no tengamos partidos xenófobos de extrema derecha como en otros estados de la Unión.

El peligro de la involución demográfica parecía conjurado y la España peregrina definitivamente arrumbada. Pero las cosas volvieron a cambiar con la crisis económica que afectó a todas las variables demográficas provocando una situación que prácticamente se ha prolongado hasta la actualidad. El crecimiento, primero se ralentizó y después se hizo negativo. La natalidad disminuyó y la mortalidad creció. Las migraciones han tenido igualmente un balance negativo: han disminuidos las entradas y subido los retornos de anteriores inmigrantes a sus países de origen o hacia otros estados. Y a las corrientes de extranjeros se han sumado los propios españoles que parecen reescribir un nuevo capítulo de la España emigratoria. El envejecimiento sigue creciendo y hemos entrado con rotundidad en la segunda transición demográfica. La población alcanzó un máximo histórico en 2012 (47,2 millones), pero después disminuyó.

La natalidad cayó desde los 517.000 nacimientos de 2007 a los 420.000 de 2015, casi 100.000 nacimientos menos en 7 años. Precisamente 2015 fue el primer año en el que se registraron más defunciones que nacimientos provocando un pequeño, pero significativo crecimiento natural negativo (2.200 personas) que aún más reducido (menos 259 personas) se ha mantenido en 2016. La nueva caída de la natalidad es el resultado de varios factores combinados: una tasa de fecundidad que continúa muy baja (1,33 hijos por mujer), la progresiva reducción de madres potenciales nacidas en épocas anteriores de baja natalidad, la disminución de los hijos de madres extranjeras al descender su presencia entre nosotros y el retraso de la maternidad que no cesa de subir (32 años).

En 2031 y de acuerdo con el INE, tendremos 550.000 habitantes menos en España que en 2016

Esta evolución se desarrolla en el contexto definido por la segunda transición demográfica que afecta a las sociedades occidentales. Además de los bajos índices de fecundidad y del retraso de la maternidad, la segunda transición se caracteriza por una fuerte caída de la nupcialidad tradicional, un aumento de los índices de soltería y un crecimiento de las uniones consensuales; crecen también los divorcios (casi 100.000 en 2015) y se multiplican los hijos extramatrimoniales que rebasan ya el 40%; por último, se produce una diversificación de las estructuras familiares que combinan junto a las familias tradicionales, nuevas formas de unión como las monoparentales, las reconstruidas o las formadas por personas del mismo sexo.

La caída de la natalidad ha estado acompañada de un intenso proceso de envejecimiento. Los 8,5 millones de mayores de 65 años suponen el 19% de la población, es decir, 9 puntos porcentuales por encima del umbral que define una población envejecida. Y además acusamos el fenómeno del sobre envejecimiento ya que tenemos 2,8 millones de octogenarios. El aumento de la esperanza de vida ( 85 años para las mujeres y 80 para los hombres ) permite que haya «cada vez más viejos, cada vez más viejos» que contrastan con una población joven en claro retroceso (7 millones en 2017).

El camino reciente hacia la involución demográfica parecía trazado .Sin embargo las cifras de población a 1 de enero de 2017, vuelven a dar un crecimiento de la población debido a un saldo positivo de las migraciones exteriores ya que las de los españoles siguen teniendo un balance desfavorable. ¿Estaremos en el inicio de una nueva recuperación?

Lo cierto es que la combinación baja natalidad y fuerte envejecimiento define lo fundamental de nuestra actual situación demográfica dibujando un panorama preocupante que aún lo será más en el futuro. En 2031 y de acuerdo a las proyecciones del INE, tendremos 550.000 habitantes menos que en 2016, debido a un saldo vegetativo negativo que no podrá compensar un balance migratorio favorable. Entre el 2016 y el 2030 se prevén 5,3 millones de nacidos vivos que suponen un 22% menos que en los 15 años precedentes. Frente a esta disminución, el volumen de defunciones crecerá desde las 410.000 de 2016 a las 452.000 de 2031. Los 650.000 inmigrantes que da el saldo migratorio para ese periodo, no compensarán los 1,2 millones del saldo natural negativo de esos mismos años. Seremos menos y además más envejecidos porque los mayores de 65 años alcanzarán los 11,7 millones y la tasa de envejecimiento un valor del 25%.

Ante esta previsible evolución ni la sociedad, ni el gobierno pueden permanecer impasibles. Será necesario definir acciones para enfrentar las consecuencias de las tres grandes variables demográficas: la natalidad, el envejecimiento y las migraciones. Políticas de ayuda familiar que permitan a las madres tener más hijos; políticas para paliar los efectos del envejecimiento en el pago de pensiones, el mercado laboral y el sistema sanitario; y políticas sobre la inmigración que definan nuestras necesidades, busquen donde satisfacerlas, regulen la venida y la entrada en el país y favorezcan la integración.

No somos el único país europeo con baja natalidad y fuerte envejecimiento. Pero si somos uno de los que dedican menos medios a paliar los efectos desfavorables de esa peligrosa combinación. Necesitamos acciones decididas para enfrentar los retos demográficos que, con los datos apuntados, amenazan con recrudecerse. Y necesitamos ponerlas en marcha ya si pretendemos evitar que provoquen situaciones irreversibles o, al menos, de muy difícil reparación.