Los 'Kunta kinte' de los campos de fruta de albacete

El Grupo de Información de esta Comandancia ha detenido a 13 personas e investiga a otras seis, miembros de una organización criminal internacional, encabezada por empresarios agrícolas de la provincia, por favorecer la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes GECCO). Los acusa además de explotación laboral, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.

Es la punta del iceberg. En los tres últimos años han traído a España a más de 300 trabajadores con estos procedimientos ilegales pero las pesquisas se dirigen a cientos de regularizaciones irregulares basadas en un proceso de arraigo fraudulento, según fuentes de la investigación. Las declaraciones de algunas víctimas, estafadas y tratadas como esclavas, agrandan las sospechas. La estimación es que habría hasta 700 casos.

«Todo era un engaño desde el principio porque el amaño ya empezaba en el proceso selectivo y se extendía hasta el final», explican las fuentes consultadas. El punto de partida es completamente legal pero torsionado por los implicados para sacar tajada de todo el procedimiento, que se basa en la migración circular: la contratación de personas en terceros países para cubrir puestos de trabajo temporales. Al acabar la campaña, los trabajadores regresan a su casa. En España se realiza a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen. Una empresa oferta puestos de trabajo para que un número de extranjeros, tras pasar un proceso de selección, vengan a nuestro país de forma legal y con un trabajo garantizado. El empresario asume todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y asistencia sanitaria, y opta a diferentes ayudas o subvenciones del Estado. Esa era la teoría.

Bomvoyage ha destapado cómo aprovecharse del procedimiento para conseguir 'Kunta Kintes', esclavos laborales a precio de saldo, engañando a los trabajadores y a la Administración. Las ofertas de la empresa Frutalinda S. L., radicada en Hellín (Albacete) llegaban a Senegal y Marruecos. Para 200 plazas, por ejemplo, se apuntaban hasta 60.000 candidatos.

De ellos se seleccionaba (supuestamente por sorteo, pero no era así) a un millar y el día del proceso selectivo el representante de la empresa que viajaba a la zona, con alguien del Gobierno español y del senegalés, elegía a los candidatos más cualificados. Eso sobre el papel. Porque los seleccionados habían sido previamente captados por los facilitadores de allí -con los que los empresarios actuaban en connivencia- y esa captación pasaba por el previo pago de entre 4.000 y 6.000 euros, unas cifras millonarias en francos cefas que han arruinado a familias enteras.

«La decisión era del empleador, que viajaba con listados en la mano, ya hechos. Los que habían pagado llevaban signos distintivos de vestimenta o complementos como les habían ordenado. Los pagos en teoría eran para tasas, alojamientos, viaje, etcétera, dinero que tenía que aportar la empresa y que se ahorraba», indican las fuentes.

Las víctimas, sin conocimiento ni del castellano ni de leyes, pagaban lo que les pedían porque para ellos y sus familias era una inversión de futuro: jóvenes de clase media que tras unos meses podrían devolver a los suyos el dinero empleado. Engaño, miseria y vulnerabilidad eran las tres patas de las que se aprovechaban sin ningún escrúpulo.

El 10 de junio fue la primera fase de la operación. La Guardia Civil detuvo a varios altos cargos de la compañía agrícola que había creado empresas recientes solo para gestionar el contigente de temporeros. En 2022 habían pedido 100 trabajadores extranjeros, pero tras la campaña de recogida de fruta no regresaron a Senegal. Al año siguiente piden 200 y sucede lo mismo. «Vemos que hay una anomalía, se fugan la mitad, muchos nada más llegar y este año detectamos que piden más de 400 trabajadores, pero ni de lejos necesitaban esa cantidad de mano de obra», detallan los especialistas.

La organización, que contaba con asesores jurídicos, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, así como facilitadores, sacaba tajada de todo. Los investigadores descubrieron que, una vez que llegaban los temporeros, si no querían cumplir el contrato o no querían volver a su país, ellos les ofrecían alojamiento, trabajos agrícolas precarios e incluso papeles. Si accedían, tenían que hacer nuevos desembolsos: esta vez entre 4.000 y 12.000 euros.

Los que sí trabajaban lo hacían en régimen de semiesclavitud: con jornadas de 12 y 14 horas y deduciéndoles dinero por todo. La nómina final apenas alcanzaba los 200 euros mensuales. Les obligaban a firmar documentos, cuyo contenido no entendían, e incluso a contratar tarjetas bancarias o telefónicas de donde también se llevaban comisión.

Todo era negocio. Negocio sucio, pero rentable. Para alojar a los contingentes de trabajadores llegaban a acuerdos con instalaciones hoteleras o grandes fincas con mucha capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alteraban los contratos e inflaban los precios, de forma que también sacaban otra tajada adicional de la diferencia entre la subvención pública y lo que los investigados pagaban en realidad.

La Guardia Civil en los registros encontró habitaciones repletas de literas, sin agua caliente en los baños y con cocinas precarias.

Los trabajadores debían pagar comisión por todo: desde el transporte que les llevaba hasta los campos de frutales, hasta el hospedaje o los equipos de protección para trabajar. Si se ponían enfermos no cobraban y si los llevaban al médico les pasaban la factura del taxi.

«El primer mes les quitaban todo lo posible por si se fugaban», continúan fuentes del caso. Cuando acababa la campaña, los empresarios sintiéndose amos y señores los ofrecían a otras empresas, pero seguían cobrándoles ellos el alojamiento. Se calcula un beneficio mínimo de medio millón de euros, pero esta es una cifra muy conservadora porque se sospecha que hay cientos de víctimas más y no era la única forma de fraude.

También mediaban con otros empresarios para que ofrecieran contratos a algunos irregulares a cambio de unos 1.000 euros de donde obtenían mas comisiones. Los daban de alta un mes y luego los despedían, pero ya había una base para justificar el arraigo. Se investigan numerosos contratos de este tipo con la connivencia de gestores y asesores. Una gestoría de Hellín fue registrada por los agentes. En esa localidad hubo otros dos registros y uno más en Alhama (Murcia). Se han bloqueado quince cuentas bancarias.

La prensa senegalesa ya estaba tras la pista de un facilitador local que se publicitaba en redes sociales y que figura entre los detenidos. Era uno de los captadores de temporeros, previo pago. La Guardia Civil con la Inspección de Trabajo entró tanto en la empresa como en los alojamientos y pudieron confirmar las infracondiciones e incluso la falta de alimentos. Varios contaron que llevaban días comiendo solo la fruta que recogían. Los 'Kunta Kintes' de Senegal no fueron secuestrados pero el engaño los ha abocado a una situación extrema que ha obligado a iniciar un procedimiento urgente para recolocarlos y paliar la herida de los sueños en la cuneta.

Las víctimas del comercio de los sueños acaban rotas: sin dinero y mancilladas. Volver a su casa con las manos vacías es una deshonra que se extiende al que sufre el engaño y a su familia. «Teníamos muchos problemas económicos, no podíamos llegar a fin de mes. Era una gran oportunidad». La gran oportunidad, el sueño era ese viaje a España, legal en apariencia, nueve meses de trabajo duro en el campo y un ahorro estimado que permitiría a A. y a todos los suyos vivir un par de años en su pueblo senegalés. En la ilusión compartida se embarcó la familia entera. El salario rondaría los 1.500 o 1.600 euros mensuales, desquitados los entre 4.000 y 6.000 que tenían que pagar a la organización (la primera estafa) y pese a los gastos de pasar esos meses fuera aún quedaría un ahorro considerable; tanto como para facilitarles la subsistencia uno o dos años.

Pero el proyecto era una quimera y el destrozo vital se deduce de las declaraciones de algunas de las víctimas que apenas podían balbucear el infierno que empezaba para ellas. «Mi familia ha vendido todo lo que teníamos, casa y coche, para que yo pudiera venir. Me van a odiar todos cuando llegue sin nada. Es una deshora para ellos y para los que nos conocen en mi pueblo».

Tras la operación Bonvoyage, ironía contra la desesperación, la Subdelegación del Gobierno en Albacete ha puesto toda su maquinaria en marcha para intentar paliar el destrozo, buscando recolocar a los afectados para que al menos puedan recuperar algo de ese dinero apostado al sueño y robado por unos timadores con pátina de empresarios.

La trata de seres humanos con fines de explotación laboral supuso el 22 por ciento del total de este delito en 2022, según datos de la Fiscalía, una cifra que aumentó más del 4 por ciento respecto al año anterior. Se estimaba entonces que «esa tendencia alcista de la trata laboral iba a persistir». Se abrieron más investigaciones, aunque se identificó a menos víctimas: 37. Explotaciones agropecuarias, servicio doméstico y construcción son los sectores económicos donde atraparon a los esclavos laborales.