El caso Koldo salpica al Gobierno canario de Ángel Víctor Torres con al menos tres contratos
El Ejecutivo del ahora ministro socialista compró mascarillas por valor de casi 12 millones de euros a la empresa vinculada con el exasesor de Ábalos
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Con el actual jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, Antonio Olivera, al frente del Servicio Canario de Salud (SCS), la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L.–salpicada en el caso Koldo–, se hizo con dos contratos para ... la venta de mascarillas por valor de 6,87 millones de euros. Y hubo más. En total el Gobierno canario le adjudicó contratos de casi 12 millones de euros.
Era abril del año 2020, apenas un mes después de que estallara la pandemia y el Gobierno de Pedro Sánchez autorizara que los expedientes de contratación precisos para atender la protección de las personas frente al covid-19 se tramitaran por la vía de urgencia.
El Ejecutivo canario buscaba tapabocas que llevar a sus hospitales públicos y se llegó a un acuerdo con la empresa vinculada al exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García –según las pesquisas que sigue la Audiencia Nacional–, la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L., una empresa de Zaragoza cuyo objeto social nada tenía que ver con el material sanitario.
El encargo del Servicio de Salud Canario consistió en 2.750.000 mascarillas protectoras KN95/FFP2 por las que pagaría 6.875.0000 millones de euros, a 2,50 euros la unidad. Pero cuando los días siguientes empezaron a recibirse las primeras unidades, los propios hospitales constataron que el material era de una calidad inferior a la pactada. «No se consideran aptas para su uso sanitario como FFP2», refleja un documento oficial del Servicio Canario de Salud que se puede consultar en la plataforma de contratación pública. El número de mascarillas afectadas ascendió a 837.800.
Tras el examen del SCS, las mismas se acabaron pagando como quirúrgicas, a un precio inferior, 0,845 la unidad. Y ya con Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud (cesado en 2022 tras ser imputado por un pelotazo con mascarillas con otra empresa y cuyo nombre sobrevuela en el caso Mediador), el contrato no se rescindió. La empresa completó el resto del pedido con 555.000 unidades de mascarillas FFP2 a un precio de 2,5 euros. Por este encargo Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa acabó percibiendo en total 2.094.500 euros.
Ese mismo mes, y a pesar de los problemas de calidad, se hizo un segundo encargo para comprar 1,91 millones de mascarillas FFP2/K95, de nuevo a 2,50 euros la unidad, por lo que en junio se le abonó 4,78 millones de euros. Hubo un tercer contrato, de acuerdo a la documentación consultada: 2.000.000 de mascarillas por 5 millones de euros. La suma asciende a casi 12 millones de euros.
En 2019 Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S.L. había ingresado cero euros y en 2020 casi 53 millones. El grueso, procedentes de contratos con administraciones públicas socialistas, como Transportes, pero también con los gobiernos de Baleares y Canarias donde el martes también se produjeron detenciones y registros. La investigación apunta que a cambio de las adjudicaciones los implicados habrían recibido presuntas comisiones.