Moncloa se compromete con ERC a reformar la sedición durante el debate presupuestario

El protagonista de la jornada: el artículo 544 del Código Penal. Durante su intervención, el diputado de ERC Joan Margall ha justificado negociar los Presupuestos con el Gobierno para seguir avanzando en la «desjudicialización» del 'procés'.

Sorprendentemente, dado que Moncloa no quería relacionar ambos asuntos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido a ERC con la garantía de rebajar la sedición: «Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, traeremos a esta Cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión».

Luego, Montero ha salido a los pasillos del Congreso a matizar sus palabras pronunciadas «en el fragor» del debate presupuestario. «Disculpen si han interpretado un anuncio o un paso más, solo estaba reiterando el compromiso de homologar determinados delitos con los estándares europeos, no hay ninguna novedad», ha intentado enmendar la ministra.

Al portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, le han puesto el micro mientras entraba al hemiciclo y le ha recomendado a la ministra «hablar menos». La rebaja de este delito beneficiaría a algunos cargos independentistas procesados.

En los días anteriores, Gobierno y ERC estaban haciendo equilibrios para no relacionar sus conversaciones presupuestarias con la rebaja del delito de sedición y la reforma del Código Penal. No obstante, en el Pleno de este jueves ha trascendido a todas luces. El intercambio de mensajes entre Montero y ERC confirma las pretensiones de ambos, como venia informando ABC.

«Ganamos las elecciones y tenemos el mandato de construir una solución democrática al conflicto que vive Cataluña con el Estado español», ha expresado Margall, que emplaza al Gobierno a acabar con los que, a su juicio, son políticos «represaliados», en referencia a los cargos autonómicos y municipales que siguen procesados por el 'procés'. «La solución solo pasa por la política», ha insistido desde la tribuna de oradores.

Con la voz ronca de tantas horas de debate, la ministra Montero ha expresado lo siguiente: «Les quiero volver a reiterar el compromiso del presidente del Gobierno, que ha sido muy claro con la situación de convivencia de Cataluña, efectivamente tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que no son comparables con el del ordenamiento jurídico europeo, pero trabajaremos en otro entorno, que no es este el debate».

Todavía no existe un acuerdo formal entre el Gobierno y ERC para modificar la pena del delito de sedición, pero los socialistas quieren que la reforma llegue antes de final de año. Una vez que ERC ha aceptado rebajar la pena y no eliminar el delito -lo que pedían hasta hace unos meses-, el Gobierno ve posible una mayoría parlamentaria que lo apruebe en la Cámara baja este 2022.

De hacerse efectiva esta reforma, sería un paso más del Gobierno de Sánchez que se suma a los indultos a los líderes independentistas en junio del año pasado o no impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley catalana contra el 25 por ciento obligatorio de castellano en las aulas.

Ni Moncloa ni Ferraz creen que esto les suponga un coste electoral en las elecciones autonómicas y municipales de mayo porque ese daño ya lo asumieron con los indultos a los líderes del 'procés', según explican.

Además, otro argumento en el que insisten los socialistas es que se podría acabar con la fuga del expresident Carles Puigdemont, porque con la rebaja de la sedición la euroorden podría ser aceptada por un tribunal exterior.

No obstante, Moncloa no quieren relacionar lo que queda de debate de los Presupuestos con este asunto. Así que esperarán a que se aprueben las cuentas públicas para empezar a trabajar en este asunto.

ERC, Bildu y PNV ya anunciaron la semana pasada que no registrarían ni apoyarían las enmiendas de devolución del proyecto presupuestario, sin embargo, advierten ya a PSOE y Unidas Podemos que no se arrugarán ni un ápice con las enmiendas parciales que empiezan a negociarse ahora.

Los tres grupos presionan ya para lograr sus reclamaciones. «No negociar significa perder», ha dicho Margall. ERC critica que los Presupuestos mantienen los privilegios de «los de siempre» y «tienen un marcado acento militarista».

Oskar Matute, desde Bildu, ha advertido de que el Gobierno no puede dar sus apoyos por hecho: «Les toca mover fichas y acercar nuestros votos, no tenemos ningún pacto que nos ate a ustedes». Y desde el PNV, Idoia Sagastizabal también ha asegurado que «falta un trecho» para que se aprueben las cuentas y que necesitan una «confianza» que hoy no tienen.