La Justicia suspende el último decreto de Delgado como fiscal general

La Justicia atiende así la solicitud de la Asociación de Fiscales, que presentó un recurso en contra de este decreto al entender que era «innecesario» y «desproporcionado» ya que podía «afectar a los derechos a la intimidad, libertad y protección de datos». Solicitaban además la suspensión cautelar de la orden, para evitar un «perjuicio irreparable».

Ahora, en el auto al que tuvo acceso ABC, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptan su petición, fundamentalmente por tres motivos. Entienden que la normativa del Ministerio Fiscal ya exige a los fiscales a comunicar las actividades que pudieran ser «incompatibles»; consideran por ello que esta suspensión no supone «un perjuicio grave para los intereses generales» y que, de no aplicarse la paralización (en caso de sentencia estimatoria), ya sería tarde.

«La ejecución del acto, con la consiguiente declaración de los interesados, cuya conformidad a derecho pretende cuestionarse en el recurso, haría perder completamente su finalidad al mismo, de manera que una eventual sentencia estimatoria resultaría de imposible ejecución, al haber producido ya sus efectos el acto cuestionado de manera irreversible», exponen. Así que por el momento la medida queda suspendida, hasta que los jueces estudien a fondo el caso y adopten una decisión final.

Fue el pasado 4 de julio cuando Dolores Delgado daba luz verde al decreto. «Que por los Sres. Fiscales jefes/as de las diferentes fiscalías y órganos del Ministerio Fiscal se haga llegar el modelo de declaración que se adjunta a todos los miembros de sus respectivas plantillas, quienes lo cumplimentarán y rubricarán manual o electrónicamente, tras lo cual, lo convertirán en archivo PDF, devolviéndolo a su fiscal jefe/a, quien responderá de su remisión a la dirección de correo» de la Fiscalía General del Estado, se leía en la instrucción.

La conservadora Asociación de Fiscales (AF) entonces interpuso recurso y emitió un comunicado, en el que apuntaba que, «una vez iniciado este peligroso camino, nada impedirá que se impongan en el futuro nuevas obligaciones al antojo del Fiscalía General del Estado (FGE)». «La cuestión de fondo es de enorme calado», advertía la AF, al considerar que lo central radica en determinar si la FGE puede atribuirse «competencias exclusivas del poder legislativo definidoras del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».