Justicia alcanza un acuerdo con los funcionarios para una subida salarial de hasta 250 euros mensuales

El acuerdo beneficia a unos 12.000 trabajadores que dependen directamente del ministerio

Jueces y fiscales desconvocan la huelga del 22M tras aceptar la oferta de 46,7 millones

Funcionarios de Justicia protestan frente al Ministerio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Justicia, ha cerrado este miércoles con el departamento de Félix Bolaños un acuerdo de subida salarial para los funcionarios de Justicia dependientes del ministerio. El importe de las subidas oscila entre los 165 ... y los 250 euros mensuales en función de los cuerpos y se aplicará a través del complemento específico y será ratificado mañana en un acto de firma en el Ministerio de Justicia.

En concreto, la subida afecta a unos 12.000 trabajadores del ámbito no transferido (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología.

Según informa CSIF, el incremento salarial se aplicará de manera progresiva: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50 por ciento con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100 por cien de lo acordado. Se trata de un acuerdo es equiparable a otros que se han firmado en otras comunidades autónomas, como Madrid, Asturias y País Vasco, y como se está negociando actualmente en Cataluña.

El documento que se firmará mañana incluye una cláusula por la que el Ministerio se compromete a comunicar este acuerdo en la Conferencia Sectorial a las comunidades autónomas con competencias en Justicia. Y es que eran un total de 45.000 funcionarios de justicia los que reclamaban esta subida salarial.

Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños enmarcan el acuerdo en las nuevas leyes de eficiencia y en las «importantes transformaciones que está impulsando el Ejecutivo» y que se centran, ente otras cuestiones, en la digitalización de todos los procesos judiciales y la modernización de la estructura del poder judicial.

El conflicto en este sector se inició en abril del pasado año, coincidiendo con las protestas de jueces y fiscales, y se tradujo en una huelga general, varias manifestaciones masivas en Madrid y concentraciones en todo el territorio nacional. Estas movilizaciones tuvieron un paréntesis por la convocatoria electoral y las limitaciones de un Gobierno en funciones, pero se retomaron poco después de que aterrizara el nuevo Gobierno, ya con Bolaños en el Ministerio y con Manuel Olmedo como secretario de Estado de Justicia.

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