La Justicia permitió en 2022 a Alcasec estudiar redes como forma de reinsertarse

Frente a esta tesis, la defensa de Martínez siempre ha sostenido que no es arquitecto de ninguna estructura y que se ciñó, en su relación de abogado-cliente con Alcasec, a tratar de reconducir al joven por el camino de la legalidad.

Este argumento encuentra base en dos autos de la Audiencia Provincial de Granada, a los que tuvo acceso ABC, fechados en 2022, que reflejan el trabajo que realizó en esa etapa Martínez para que un juzgado permitiera determinadas actividades al joven en aras de reinsertarle por medio del desarrollo de su talento para la informática.

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Fue en ese año cuando el Juzgado de Menores número 1 de Granada, del que era titular el mediático juez Emilio Calatayud, acordó, tras una nueva detención del 'hacker' por su presunta implicación en otro delito, la medida cautelar de su internamiento semiabierto en un centro de Almería con tratamiento psicológico y la prohibición de matricularse en un grado medio de sistemas microinformáticos y redes.

Frente a esa decisión, la defensa del 'hacker', que llevaba personalmente Martínez, recurrió dado que la familia y la pareja del joven residían en Madrid y entendía que apartarle de su núcleo familiar recordaba a un tiempo en el que se practicaba la dispersión de los miembros de la banda terrorista ETA. «Hasta la fecha del internamiento en régimen semiabierto acordado (…) mi representado trabajaba en Madrid para la empresa especializada en ciberseguridad Smart HC (…) y estaba matriculado en el Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, en el Centro de Estudios González Cañadas», explicaba entonces Martínez.

Puntualizaba al tribunal que la decisión del juez de prohibir su formación se tomaba «en contra del criterio del equipo técnico», ya que se echaba por tierra la posibilidad de usar esa experiencia profesional «en un área en la que tiene grandes capacidades como forma absolutamente obvia de reinserción social». A esto sumaba que el auto del juez Calatayud estaba carente de motivación porque se limitaba a citar preceptos que le confieren la potestad de aprobar o no las medidas propuestas en el programa individualizado de tratamiento.

Así, en hasta tres recursos que presentó Martínez –a los que también tuvo acceso ABC– atacó las decisiones de ese juez de menores, y expuso que el equipo técnico adscrito a ese juzgado había emitido un informe en el que exponía que, tras conversación con el centro de Madrid encargado de supervisar la medida de libertad vigilada de Alcasec, se decía que había cumplido los objetivos que se le habían marcado «con una actitud colaboradora y educada tanto a nivel formativo como personal».

Tampoco apreciaba ese informe «dificultad alguna en la convivencia familiar» y resaltaba que era «un joven muy maduro, con altas capacidades intelectuales y que recibe tratamiento psicológico privado».

En su auto, la Audiencia Provincial de Granada recordaba que los delitos por los que Alcasec fue condenado tenían que ver «con el mundo de la informática y de la tecnología como medio para obtener un incremento patrimonial ilícito» y que el 'hacker' cometió delitos de «intrusismo informático continuado, estafa, contra la propiedad intelectual, contra los servicios de radiodifusión, daños informáticos, falsificación de tarjetas de crédito y receptación».

Pero acto seguido indica que, según valoraciones técnicas, «se concluye que existe un riesgo bajo de reincidencia» en su caso y que el objetivo con este tipo de jóvenes es aplicar medidas que persigan el «desarrollo de un proyecto de vida del interno coherente, estimulando sus capacidades cognitivas, así como conocimientos y actitudes favorecedores de su reinserción social».

Añadía que Alcasec, en 2022 ya mayor de edad, «desde los quince años muestra interés por la ciberseguridad, habiendo trabajado y colaborado desde entonces en tal ámbito empresarial», y que en el periodo de libertad vigilada estuvo en una empresa de seguridad informática, llegando a exponer que desea crear una empresa dedicada a tal fin. Por eso, los magistrados daban la razón a Martínez al entender que la decisión de prohibirle asistir al grado que realizaba «le privaba de su completo derecho a la formación y educación».