La Justicia española se niega a cooperar con la jueza andorrana que investiga a Rajoy

Rechaza así que España preste cooperación judicial al Principado y da la razón al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, que habían recurrido la decisión de una jueza de Madrid de tramitar la ayuda y darles traslado de la investigación abierta contra ellos.

Fue en junio de 2022 cuando la Justicia del Principado de Andorra imputó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de coacciones contra los órganos constitucionales. También al que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión y chantaje, además de un delito de falsedad.

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La instructora, entonces, libró una comisión rogatoria a España para que designaran un abogado. La lista de investigados la completaban el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó.

La reclamación de colaboración judicial entre ambos países recayó en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y su titular, Rosa Freire, dio curso a la petición. En paralelo, los abogados de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz comenzaron una ofensiva en los tribunales españoles.

En el auto conocido hoy, la Sala estima su recurso al entender que si bien «el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal (Estrasburgo, 20 de abril de 1959) lo solicitado excede de la simple notificación de la querella, en tanto que se trata de dar traslado del acto de imputación derivado de la admisión de la querella por parte de la autoridad judicial andorrana".

 Además, consideran que la «solicitud no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio, ya que no se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado», motivo suficiente, señalan «para denegar el auxilio sin mayores consideraciones».

No obstante, falta por pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instancia a la que las defensas de los políticos españoles también acudieron para presentar un recurso Contencioso.

Según las fuentes jurídicas consultadas por este diario, está previsto que, en este caso, los jueces sí entren a valorar en sentencia las cuestiones de fondo alegadas, como si existe un «riesgo de perturbación grave para los intereses generales» o un supuesto trato desigual respecto de dos policías a los que el mismo juzgado pidió imputar por la operación Cataluña y de los que no se tramitó la petición andorrana por considerar que su actividad estaba sujeta a protección diplomática.

Las pesquisas arrancaron a raíz de una denuncia presentada por el dueño de la BPA, Higini Cierco. En su declaración en sede judicial aseguró que tanto él como otros responsables del banco fueron coaccionados y extorsionados por el inspector Celestino Barroso, antiguo agregado de Interior de la embajada española en Andorra, y por el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martin Blas. Según su versión, les amenazaban con el cierre de la entidad bancaria si no facilitaban datos de cuentas de líderes independentistas.

La querella se amplió y el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y la entidad de Juristes Drets reclamó la imputación del entonces Director Adjunto Operativo de la policía, Eugenio Pino- superior de ambos-,y el inspector jefe Bonifacio Diez Sevillano, a los que también acusaban de utilizar «vías ilegales» para la obtención de información bancaria.

Sobre el papel del exministro Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, los querellantes destacaban que eran los superiores de los agentes policiales que actuaron sobre el terreno. A Rajoy, le acusaban de «haber intimidado al Jefe de Gobierno andorrano y sus ministros» durante una visita oficial que tuvo lugar en el Principado el 8 de enero de 2015 para que intervinieran y liquidaran la BPA.

Los querellantes les atribuían, además, un ilícito de creación, uso y comercialización de documento falso por enviar información «falsa» al FinCEN americano (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), para que emitiera una alerta en contra de la BPA, «sobre una hipotética práctica de blanqueo de capitales por parte de la entidad bancaria andorrana, que habría precipitado su intervención y liquidación el 10 de marzo de 2015».

Tras asumir la causa, la Sección de Instrucción Especializada nº 2 de Andorra, además de cursar la mencionada comisión rogatoria, encargó a la policía del Principado que llevara a cabo todas las investigaciones oportunas por el «esclarecimiento de la verdad». Para ello, la instructora les autorizó a intercambiar información sobre la operación Cataluña con las autoridades españolas y otros «cuerpos judiciales extranjeros».