Los juristas de la amnistía de Sumar: politizados y a favor de eliminar la sedición

Más allá de estos formalismos, los expertos penalistas que han trabajado en el documento coordinado por el exdiputado Jaume Asens no son imparciales, desde una perspectiva política, y todos se han posicionado, en los últimos años, a favor de eliminar la sedición del Código Penal e, incluso, en contra de la instrucción y la sentencia del Tribunal Supremo a los cabecillas del 'procés' independentista.

Nicolás García Rivas es catedrático de Derecho penal en la Universidad de Castilla-La Mancha y fue el encargado de exponer las bondades de la iniciativa en el acto público del martes. García Rivas fue en las listas municipales de Unidas Podemos en Albacete en la cita de mayo de este año, en una posición testimonial, y es uno de los teóricos de la derogación del delito de sedición (posición que lleva defendiendo desde 2007).

En esta línea, considera que el acoso y los tumultos que se produjeron, a instancias de los independentistas, ante la Consejería de Economía en septiembre de 2017, para impedir la acción judicial que trataba de evitar el referéndum ilegal, no fue más que «el ejercicio del derecho de reunión». Y entre sus 'hits' figura un escrito, en 'El País' (2006), en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 12 años de prisión al etarra José Ignacio de Juana Chaos calificando la sentencia por amenazas como «derecho penal de autor».

Titular de Derecho penal en Baleares, Antoni Llabrés Fuster es miembro de la junta directiva de la Obra Cultural Balear, una entidad que trata de imponer el catalán como única lengua de uso –sobre todo, en el ámbito de las instituciones– en el archipiélago, y también autor del dictamen de Sumar. En 2020, Llabrés defendió, en un artículo en el diario 'Ara', que no era suficiente reformar el delito de sedición, sino que lo justo era derogarlo. Y en diciembre de 2017 firmó un manifiesto del Colectivo Praga pidiendo que se investigase a España por vulneración de los Derechos Humanos en base a que el referéndum del 1-O era legal ya que se hacía bajo el amparo de las 'leyes de desconexión' del 6 y 7 de septiembre.

Llabrés firmó en un digital secesionista a finales de 2017 e inicios de 2018 un par de artículos con Javier Mira Benavent, tercer autor del dictamen de Díaz, defendiendo la tesis de que el 'procés' no podía encajarse en el delito de rebelión. Cuatro meses después, Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, aseguraba que «clarísimamente» lo del 1-O era rebelión. Mira es profesor titular en la Universidad de Valencia y en 2013, en un texto de la revista de la Fundación Sabino Arana, dejó por escrito que había que «reinterpretar el delito de pertenencia a organización terrorista» para no perjudicar a Bildu.

Guillermo Portilla Contreras es catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén y fue promotor de un manifiesto, en 2018, con García Rivas y Mira, entre otros, contra la acusación de sedición y rebelión en el juicio del 'procés'. Y Rafael Rebollo Vargas, el quinto autor, es un firme defensor –como escribió en un 'paper' en 2014– de eliminar el delito de ultrajes a los símbolos de España.