Un tribunal popular juzgará al general del caso Mediador y al Curilla de la trama por cohecho

El auto, al que tuvo acceso ABC, razona que de la instrucción practicada y los audios y conversaciones intervenidas, así como de la prueba documental que se ha ido recopilando desde que se iniciaron hace dos años las pesquisas, «se desprenden sobrados indicios del delito de cohecho investigado» entre Bautista y Espinosa, uno de los ilícitos que, por ley, son competencia del Tribunal del Jurado.

Su conclusión es que el general retirado, «tras conocer la actividad empresarial a la que se dedicaba» Bautista, vio «la oportunidad» de proponerle «la realización de negocios» en Canarias «valiéndose de las altas relaciones públicas y empresariales de cargos públicos con los que mediaría» y «obteniendo en contraprestación a su función de mediación distintos beneficios económicos».

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De acuerdo con el relato de la juez, Bautista se habría estado encargando de «pagar facturas, entregar dinero y/o invitar a eventos privados» a las personas que le iba indicando el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, quien «interactuaría con el resto de participantes». En este contexto aparece la figura de Espinosa, que «como cargo y mando público gestionaría reuniones y encuentros de proyección empresarial».

Esos eventos coinciden en fechas con retiradas de efectivo realizadas por Bautista, presuntamente, «para hacer los pagos correspondientes siempre con conocimiento de todos los partícipes» de los mismos y «en interés de hacer prosperar el ámbito de sus relaciones contractuales». El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil (SAI) aisló en concreto una decena de retiradas de efectivo en fechas en que Bautista se había reunido con Espinosa por importe total de 23.500 euros entre agosto y diciembre del año 2020. Se le imputa además el pago de un viaje para Espinosa y su acompañante a Fuerteventura con alojamiento en un hotel de cinco estrellas y el alquiler de un vehículo para que pudieran desplazarse durante su estancia. También regalos «de alta consideración», como «puros, comidas, tarjetas de correos de recarga y/o de prepago».

El auto describe la labor de Espinosa como «fundamental», en tanto que habría introducido a Bautista, cuya empresa tiene sede en Madrid, en el círculo empresarial de Canarias "haciendo uso de las influencias que tenía en este sector fruto del periodo de tiempo en el que desarrolló sus responsabilidades públicas al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Gran Canaria". Se le atribuye haber conseguido para el empresario "reuniones con empresarios muy relevantes" de las islas, "culminando algunas de ellas en contratos adjudicados" que se investigan en la parte principal de la causa.

"Espinosa, siendo consciente de la importancia de las responsabilidades públicas que ostentaba y el impacto que ello había generado en el empresario Antonio Bautista, comenzó a exigir determinadas contraprestaciones de significación económica en consideración a su función, atenciones de muy diversa naturaleza a las que el empresario afectado atendió para conseguir acceder a las relaciones del general", asegura la magistrada. Refiere que "como una de las dádivas solicitadas, exigió que fuera contratada su compañera sentimental en alguna de las empresas del investigado Antonio Bautista incluso llegando a imponer un sueldo mensual de aproximadamente 3.000 euros al mes". Dice, en este sentido, que también «exigió tener una vinculación laboral con una alta retribución» en esas mismas empresas cuando se jubilase. «Condicionaría su intervención de mediación en la consecución de contratos a favor de Bautista a la obtención de nuevas concesiones y gratificaciones de carácter económico», subraya.

En cuanto a Bautista, el auto apuntala el tipo penal de cohecho al referir que «las dádivas, expectativas, promesas y regalos que hacía el empresario siempre lo eran en atención al cargo público del general y con la finalidad de acceder a las relaciones personales del mismo, fraguadas en el ejercicio de su carrera en la Guardia Civil».

El general, en su declaración como investigado en la causa, reconoció un vínculo laboral con Bautista y sus planes de trabajar juntos cuando dejase el Instituto Armado y enmarcó en ese contexto el viaje a Fuerteventura y la recepción de 1.500 euros del empresario por las gestiones realizadas ya en enero de 2021. Mientras, Bautista negó ante la juez ese vínculo laboral con él, aunque sí reconoció todos los reintegros de efectivo y señaló que las cantidades fueron entregadas al Mediador antes de cada una de las reuniones detectadas por el Servicio de Asuntos Internos, como resume el auto.