Junts reformula su petición de una cuestión de confianza y admite que no obliga a nada a Sánchez

La nueva redacción rebaja la exigencia de Junts y, en cualquier caso, explicita tanto que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo como que la iniciativa no tiene ninguna vinculación jurídica. La Mesa del Congreso, el órgano encargado de calificar las iniciativas parlamentarias, había rehusado pronunciarse sobre esta en sus dos últimas reuniones para estudiar el alcance jurídico de la proposición no de ley, pero ahora el PSOE y Sumar darán luz verde a su tramitación, en su próximo encuentro, tras el acuerdo entre el Gobierno y los de Puigdemont.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reconoció este martes, en una rueda de prensa en Barcelona para valorar el pacto, que su formación había aceptado una reformulación «técnica» para que su iniciativa supere el filtro del órgano rector de la Cámara Baja. Las proposiciones no de ley no son vinculantes y se limitan a enviar un mandato del Parlamento al Gobierno, pero en este caso, como adelantó ABC, letrados del Congreso habían recomendado que no se admitiese porque, si bien no comporta los efectos de una cuestión de confianza propiamente dicha —que de no prosperar, obliga a la dimisión del presidente y abre un nuevo proceso de investidura—, sí equivale a debatirla indirectamente y a poner en duda la figura del jefe del Ejecutivo fuera de los cauces establecidos en la Constitución y en el Reglamento del Congreso.

El informe oficial de los letrados de la Cámara Baja abría la puerta, con distintos argumentos, tanto a tramitar como a rechazar el debate de la proposición no de ley, por lo que el PSOE y Sumar se agarraron a esa ambigüedad en diciembre para no calificar la iniciativa y ganar tiempo. En la primera reunión del órgano en este 2025, los socialistas llegaban a la cita con la idea de la reformulación ya en mente, pero sus socios de coalición les convencieron de adoptar idéntica posición a la cita anterior para evitar una ruptura de las negociaciones con Junts, que habría puesto en serios aprietos la legislatura.

Ahora, una semana después de que se derogase el decreto ómnibus que incluía medidas como la revalorización de las pensiones, la bonificación del transporte público y ayudas a los afectados por la dana en la provincia de Valencia, Junts acepta que se mantengan otros aspectos que 'a priori' no le convencían, como la prórroga para prohibir los desahucios de familias vulnerables, pero a cambio de que se introduzca un seguro para los propietarios con viviendas ocupadas ilegalmente. Respecto a la iniciativa con la que los separatistas piden una cuestión de confianza —a la que Sánchez ha dejado claro que no se someterá—, el Gobierno permite que sus partidos, con mayoría en la Mesa, la tramiten, pero los independentistas plantean a cambio una redacción mucho más suave.

El texto inicial registrado por Junts decía: «El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno a plantear una cuestión de confianza». El actual reza: «El Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa». En diciembre, Puigdemont exigió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza para reconducir sus relaciones. Estas en ningún momento se han roto, como atestiguan las conversaciones que han mantenido estas semanas PSOE y Junts, y el presidente no pondrá su cargo a disposición de la Cámara Baja, como haría si realmente se prestase a ese trance.