Junts mantiene 60 pactos municipales con el PSC a pesar de la ruptura

Tras los comicios municipales del año 2023, Junts logró la alcaldía de 23 localidades gracias a los socialistas. Los de Illa, en cambio, consiguieron el bastón de mando de 19 municipios gracias a los herederos de Convergencia. En algunas de estas poblaciones Junts y el PSC, como ocurre también en consejos comarcales o diputaciones provinciales, gobiernan de forma conjunta. Es la fórmula que se conoce en Cataluña como la 'sociovergencia', que no fue posible en Barcelona, donde el socialista Jaume Collboni optó por pactar en el último minuto con el PP para impedir que la capital de la autonomía quedase en manos de un separatista como Xavier Trías.

Más allá de lo ocurrido en la ciudad condal, y lejos de lo políticamente natural, que llevaría a pensar en alianzas entre los partidos de izquierdas, el PSC priorizó a los de Carles Puigdemont frente a ERC o los Comuns para la formalización de acuerdos tras las últimas elecciones municipales. Los socialistas y los posconvergentes firmaron un total de 42 gobiernos conjuntos mientras que el PSC y ERC solo llegaron a un entendimiento para gobernar conjuntamente en 18 localidades. Eso permite a los de Puigdemont superar a los de Oriol Junqueras en número de alcaldías en Cataluña, ya que Junts ostenta 338 frente a las 329 que están en manos de los republicanos. El poder municipal siempre ha sido muy importante para los partidos catalanes, ya que es el termómetro para la fortaleza de los distintos proyectos y una garantía para aspirar de nuevo a gobernar la autonomía.

Noticia Relacionada

Puigdemont teme que Sánchez e Illa pacten un adelanto electoral conjunto

Joan Guirado

En la calle Pallars de Barcelona, sede del PSC, justifican su prevalencia por Junts en su momento y el sostenimiento de esos acuerdos ya que son «mejores gestores que los de ERC». En la formación liderada por Carles Puigdemont también destacan la «lealtad y estabilidad» que les dan los socialistas. Por eso ni en la dirección de un partido ni en la del otro, pese a la amarga ruptura de las relaciones en el Congreso de los Diputados, se plantean romper los acuerdos en aquellas administraciones municipales o supramunicipales que controlan a día de hoy.

Desde las direcciones de ambas formaciones subrayan la importancia de «separar» lo que ocurre en la política nacional de los municipios catalanes. Junts firmó todos estos acuerdos en un momento complejo para sus intereses electorales, ya que todavía no se habían celebrado las elecciones generales de ese año y, en consecuencia, no habían firmado el Acuerdo de Bruselas ahora roto con el PSOE. De tal forma que medidas como la amnistía, que permitía a los actores implicados cerrar el capítulo judicial del 'procés', todavía era una línea roja que Sánchez no iba a traspasar. En este sentido la cúpula de Junts, con Carles Puigdemont a la cabeza, midió al milímetro todos los posibles acuerdos, en función del impacto que estos pudieran tener sobre el relato que los separatistas ensalzaban entonces, llegando a acusar a los socialistas de haber sido «los carceleros» de los miembros del Govern que declaró la independencia.

Transcurridos dos años desde las últimas elecciones municipales, la voluntad en ambos partidos pasa por no solo mantener esos acuerdos, sino reeditarlos, en los casos en los que no les sea posible gobernar en solitario, tras los próximos comicios. Una realidad muy distinta a la que viven Junts y el PSOE en el Congreso, alegando «falta de confianza», en palabras del propio Puigdemont, o respecto a la del Parlament, donde los posconvergentes están completamente enfrentados a Illa. Los herederos de Convergencia descartan llegar a ningún tipo de acuerdo con el Govern de Salvador Illa, ya que consideran que «eligió como compañeros de viaje a los Comuns y ERC». Una de las consecuencias de ello es la incapacidad del 'president' de la Generalitat de aprobar leyes tan importantes como las cuentas públicas.

Sabadell, Gavà, Manlleu, Lloret de Mar, Sitges, Viladecavalls, la Garriga, Llagostera, Montgat, Roses, Martorell, l'Ampolla o Sant Antoni de Calonge... son varias las localidades de las cuatro provincias catalanas en las que Junts y el PSC gobiernan de forma conjunta. Entre estos municipios destacan algunas de las ciudades más importantes de Cataluña como Sabadell, Gavà, Lloret de Mar o Sitges.

El caso de la capital del Vallès Occidental, Sabadell, es el más paradigmático. Aunque la candidatura del PSC liderada por la actual alcaldesa, Marta Ferrès, logró mayoría absoluta, los socialistas alcanzaron un acuerdo para reforzar el gobierno municipal con Junts, incorporando a sus dos representantes en la corporación.

En La Garriga (Barcelona), un pacto de gobierno entre Junts y el PSC permitió a la exconsejera de la Presidencia con Quim Torra, Meritxell Budó, convertirse en alcaldesa. Lo mismo ocurrió en Sitges (Barcelona), donde la posconvergente Mònica Gallardo logró ser elegida primera edil gracias a un acuerdo con los socialistas. Se da la circunstancia que ambos perfiles forman parte del sector más rupturista de Junts. Algo que no fue un inconveniente para los socialistas al investirles ni lo está haciendo ahora para gobernar conjuntamente.

En el caso de Roses (Gerona), socialistas, Junts y Gent del Poble, una candidatura municipal, acordaron gobernar de forma conjunta durante los cuatro años, repartiéndose además la alcaldía. También optaron por la fórmula del gobierno conjunto en Lloret de Mar, Calonge y Sant Antoni (Gerona). En este último caso también participó en la coalición local que sigue gobernando la localidad el Partido Popular.

Además de los acuerdos municipales anteriormente mencionados, en algunas de las ciudades más importantes de Cataluña, Junts y el PSC también suscribieron acuerdos para repartirse el poder en los consejos comarcales del Alt Empordà, Alt Penedès, Anoia, Garraf, Garrigues, Montsià, Segarra y Segrià. Estos organismos de carácter supramunicipal cuentan con ingentes cantidades de dinero con las que se ejecutan infraestructuras, se subvencionan ayuntamientos y se les brinda soporte técnico, legal y logístico a los municipios más pequeños. A parte de los consistorios y los consejos comarcales, separatistas y socialistas también alcanzaron pactos para dirigir de forma conjunta entidades municipales como la Federación de Municipios de Cataluña, la Asociación Catalana de Municipios o el Fondo Catalán de Cooperación.

Además el voto favorable de dos diputados provinciales de Junts permitió a la número dos del PSC y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, convertirse en presidenta de la Diputación de Barcelona. Socialistas y Junts exploraron la posibilidad de gobernar conjuntamente como en el anterior mandato, pero el acuerdo de Jaume Collboni con el PP, para arrebatarle la alcaldía de Barcelona al ganador de los comicios, Xavier Trías, frustró esa posibilidad ya que los posconvergentes se sentían muy dolidos y engañados. Un dolor y un engaño que, visto lo visto, solo tuvo una incidencia directa en el ente provincial.

La otra parte del acuerdo que Junts mantiene con el PSOE es la que afecta a todos los altos cargos en empresas y organismos del Estado que los separatistas lograron colar gracias a los socialistas. Se trata de Miquel Calçada en el consejo de administración de RTVE; Ramon Tremosa en Aena; Eduard Gràcia en Renfe; Pere Soler en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y Helena Massot en Enagás.

Sánchez, tras conseguir el apoyo de los de Puigdemont a su investidura y contar con sus votos favorables durante prácticamente los dos primeros años de legislatura, premió a los independentistas permitiéndoles situar a varias de sus personas afines en puestos clave de empresas públicas y organismos estatales, abriendo un escenario delicado tanto desde el punto de vista institucional como político, y muy criticado por la oposición.

Aunque estos nombramientos no se han hecho bajo un acuerdo público detallado que los vincule directamente al pacto de investidura, fuentes de ambas formaciones políticas reconocen en privado que han formado parte de la devolución de «favores» o concesiones coyunturales que Moncloa aceptó para asegurar la investidura y la estabilidad gubernamental.

En la formación de Carles Puigdemont, consultados específicamente por la presencia de estas personas cercanas al 'expresident' en dichas empresas y organismos y sobre si se planteaban exigirles su dimisión, al no compartir la hoja de ruta del Ejecutivo, descartan por completo esta opción. «Esos puestos forman parte de los acuerdos que alcanzamos y vamos a aprovecharlos para influir», señalan fuentes de la organización independentista. Sin ir más lejos, por ejemplo, la presencia de Calçada en el órgano de dirección de RTVE ha permitido la creación de un canal exclusivamente en catalán en el ente público.