La Junta de Page dio otro contrato de 5,5 millones a la empresa del caso Ábalos

Levantina Ingeniería y Construcción S.L. ha ganado, desde su inicio de operaciones en el año 2000, más de 120 adjudicaciones en toda España por un valor superior a los 180 millones de euros. Además, no es la primera vez que consiguen una licitación pública en Castilla-La Mancha. Como publicó ABC el pasado 2 de julio, el Gobierno manchego dio a LIC un contrato por un valor cercano a los 450.000 euros para la reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P.) Princesa Sofía en Minglanilla (Cuenca) en el año 2017.

El PSOE de Castilla-La Mancha tildó de «bulo» la información publicada por este diario sobre la adjudicación de más de 400.000 euros en 2017 ya que la relación entre Ruz y García comenzó en el año 2019. La portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se preguntaba, además, «dónde estaba la noticia», a no ser que desde este medio se tomase «una línea de querer informar en sus páginas de todos los contratos a todas las empresas que están presuntamente implicadas en esta trama».

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El proyecto de reforma de la residencia de Ciudad Real fue presentado en enero de 2023, las ofertas de las empresas se expusieron en febrero del mismo año y la resolución de la adjudicación en favor de Levantina sucedería en junio; coincidiendo las fechas con el período en el que Ruz pagaba una pensión a los protagonistas de la trama Ábalos. De las nueves empresas que se presentaron para la licitación pública sólo una tenía mejor puntuación que LIC en los objetivos subjetivos, aunque la oferta económica de la sociedad de Ruz provocó la victoria en la adjudicación. Al igual que en la oferta pública del año 2017, Levantina no ofrecía la mejor oferta económica para la Junta, pero la suma de los criterios subjetivos facilitó la adjudicación. Según el contrato que firmó LIC, las obras se debían llevar a cabo en 14 meses y la distribución del precio de la adjudicación se dividiría entre los años 2023 y 2024. En el primer año se otorgarían 715.812,55 euros, mientras que en el segundo serían casi 5 millones de euros.

El informe que presentó la UCO sobre esta trama expone la relación entre Koldo García y José Ruz, gerente y propietario del 20% de Levantina, quien declaró frente al Supremo la semana pasada y negó las supuestas mordidas. El vínculo entre el asesor ministerial y el empresario comenzó en el año 2019, cuando Ruz contactó con García para mantener una reunión en el ministerio de Fomento. Tras esta, la relación se intensificó y las conversaciones mediante líneas seguras, a las que llamaban «café» o «cafetera», comenzaron. Además de las conversaciones telefónicas, los implicados se reunirían físicamente en distintas ocasiones. Uno de estos encuentros sucedió en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria. Tres meses después de este, LIC ganaría el concurso para el contrato de reforma de la sede de la Agencia Tributaria Canaria en la misma ciudad.

Finalmente, el empresario pagaría una pensión de 2.600 euros mensuales a García y a Ábalos de diciembre de 2022 a junio de 2023, según las pesquisas llevadas a cabo por la Guardia Civil. La constructora, entre los años 2019 y 2023, claves en el transcurso de la trama Ábalos, logró 94 millones de euros en contratos públicos.

Esta empresa valenciana experimentó un gran crecimiento durante la última década, convirtiéndose en una de las mayores constructoras del país. Gracias a ello, fueron capaces de expandirse internacionalmente en países como Panamá, Argelia o Armenia, aunque el retraso y falta de pagos en los proyectos realizados en el norte de África fue uno de los principales problemas que provocaron la falta de solvencia económica en LIC y el inicio de sus problemas.

Además de la declaración de José Ruz en el Supremo, Levantina Ingeniería y Construcciones S.L. sufre de varios frentes abiertos que dañan su reputación: la empresa entró en concurso de acreedores tras presentar 39,5 millones de euros en pérdidas hace un año y, ahora, aparece en la lista de morosos presentada por Hacienda debiendo casi un millón de euros. Esta situación significó la paralización de obras en un colegio de Zaragoza que el Gobierno de Aragón adjudicó a la empresa por más de nueve millones de euros, o las obras de la sede de la Agencia Tributaria en Las Palmas por 6,5 millones de euros.

El informe de la UCO detectó indicios de irregularidades en tres obras diferentes de esta sociedad. En primer lugar, Levantina consiguió el contrato público para una obra de emergencia en Asturias ofertada por Adif por 5,7 millones de euros; otra por la misma cantidad de dinero para la conservación de carreteras en Teruel; y una última para el mantenimiento de la autovía A-12 en las provincias de La Rioja y Burgos por 72,4 millones de euros.