El juicio al comisario Salamanca por el caso Villarejo ya tiene fecha: enero de 2024

En una providencia a la que tuvo acceso ABC, la Sala pone así fecha a un juicio que, por momentos, pudo haber acabado en los juzgados ordinarios de Madrid: Es una trama desgajada del asunto por el que fue detenido en 2017 el comisario José Manuel Villarejo, el proyecto King, un encargo para unos guineanos que se sitúa en el top de los identificados como más lucrativos para las empresas del policía. Él, sin embargo, no está acusado.

Al lado de Salamanca en el banquillo se sentará Francisco Menéndez, el empresario que acabó desencadenando toda la causa en la Audiencia Nacional. En la primavera de 2017 estuvo a punto de presentar una denuncia contra Villarejo y otros policías por supuestas prácticas corruptas en relación a ese negocio en Guinea Ecuatorial, con la esperanza de ver amortiguada una causa que tenía por delitos fiscales. Se echó atrás sentado en una cafetería a cien metros de la Fiscalía porque temía por su vida.

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Fue su documentación la que utilizó el excolaborador del CNI y la Policía David Vidal para impulsar lo que acabó siendo registrado como «denuncia anónima» y que ubicaba a Salamanca en un lugar predominante. De hecho, si la operación se bautizó como Tándem fue porque al inicio se presumía que en la trama pedaleaban tanto él como Villarejo. Con los años, los investigadores han ido subiendo a distintas personas a esa misma bicicleta, hasta quedar diluida la relación.

En el juicio que afrontará en enero, Salamanca está acusado de dar trato VIP a los clientes ecuatoguineanos de Villarejo en el aeropuerto de Madrid, obviando los requisitos de acceso a territorio nacional en algunos casos, a cambio de dádivas y regalos.

El escrito de Anticorrupción señala relojes y coches de lujo, pero también entregas en metálico por los «servicios prestados en abuso de su condición» como «ordenar que se expidiera por su mera voluntad y de forma arbitraria la autorización administrativa excepcional del visado en frontera en al menos cuatro ocasiones entre los años 2012 y 2013, incumpliendo groseramente los requisitos legales».

En cuanto a Menéndez, al que los investigadores pusieron el mote de «pagafantas», acabó en este asunto como responsable de una empresa, Framen Consultores, que según Anticorrupción se utilizó para enmascarar los negocios ilícitos de aquellos ecuatoguineanos y blanquear su dinero, justificando para que llevaran a cabo negocios ilícitos en España» más de 17,1 millones de euros en 2011 y otros 4,2 millones en el año 2012 por servicios «irreales». Afronta 6 meses de cárcel.