La juez manda a prisión a Francisco Martínez, ex número dos de Interior con el PP, y al hacker Alcasec

Esta decisión, adoptada en consonancia con el criterio del Ministerio Fiscal, tiene por objetivo evitar el riesgo de destrucción o alteración de las fuentes de prueba recabadas por la Policía, a lo que se suma en el caso del hacker el riesgo de fuga y la reiteración delictiva.

Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, durante la vista, la juez habría subrayado que Martínez debe permanecer en prisión incondicional hasta que la Policía asegure determinadas bases de datos supuestamente creadas por Alcasec.

Indican que Martínez ha respondido a preguntas de la Fiscalía, de la juez y de su abogado durante media hora, y que ha explicado que de su participación en la constitución de determinadas empresas investigadas no se puede desprender que conociera la evolución o finalidad de las mismas. Además, según estas fuentes, habría aseverado que nunca se ha enriquecido con dato alguno al que haya podido acceder.

La operación Borraska -así la denominó la Policía- estalló este martes cuando se practicaron hasta cuatro detenciones, incluida la del 'youtuber' Álvaro Martín Rodríguez, conocido como 'Valyrio', en Andorra –pendiente de extradición-. A todos se les relaciona con la red que se dedicaba a atacar empresas estratégicas, tanto públicas como privadas, para hacerse con millones de datos sensibles con la intención de ponerlos a la venta en el mercado negro.

Según los investigadores, Martínez habría ayudado al hacker en el proceso de blanqueo de los beneficios obtenidos con esa actividad ilegal de exfiltración de datos «mediante estructuras societarias y servicios de consultoría».

Pero este jueves, Martínez ha explicado que su relación con Alcasec era la de un referente dado que buscaba ayudarle a entrar en entornos profesionales y a que montara una empresa. Y, según fuentes jurídicas, ha comentado que el hacker estaba desarrollando un buscador que organiza con inteligencia artificial información y datos de fuentes abiertas en internet .

Así, en su papel de asesor legal del hacker, éste le habría dado acceso a ese buscador para que lo probara, y en las búsquedas que realizó no vio nada anormal dado que solo incluía datos que se pueden obtener en cualquier buscador comercial mercantil de pago.

Fue en 2024, cuando comenzaron a detectarse una serie de ciberataques «sistemáticos y sostenidos en el tiempo» contra organismos públicos, energéticas o compañías telefónicas. Y una denuncia de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) provocó que se abriera una investigación, con la Comisaría General de Información al frente, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según los agentes, Alcasec había desarrollado junto a sus presuntos colaboradores una plataforma tecnológica que les permitía almacenar y segmentar los datos robados. De esta manera, eran capaces de «elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social», según la nota difundida este miércoles por la Policía. Toda la operativa estaba alojada en servidores distribuidos en la nube.

Los cuatro están investigados por delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos (particularmente allanamiento o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados) y organización criminal.