El juez del caso Villarejo vuelve a cerrar la puerta a investigar la operación Cataluña

En concreto, Miquel denunciaba «una conjunción de mandos policiales y políticos españoles, que tendría como finalidad desacreditar al movimiento independentista catalán y a sus máximos dirigentes», para lo cual le habrían extorsionado amenazándole con la caída de BPA y su filial, Banco Madrid. La quiebra de ambas, añadía, se habría desencadenado porque esos mismos funcionarios policiales falsificaron datos y los transmitieron a las autoridades norteamericanas.

En un auto fechado este lunes y al que tuvo acceso ABC, el juez contesta que no ha lugar a investigar esos hechos en el caso Villarejo y lo hace «sin poner en duda la gravedad de las afirmaciones contenidas en la querella, ni la posibilidad de que tales hechos presentasen, indiciariamente, apariencia de delito».

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Considera que la querella no concreta «en qué modo se encuentran conectados los hechos narrados con la causa» contra el comisario y recuerda que en la Audiencia Nacional se investiga «un mismo patrón de conducta delictiva» que pasa por una contratación de Villarejo mediante el grupo Cenyt para prestar «servicios que no podía desarrollar dada su situación de policía en activo» y que «cristalizaba en un encargo o proyecto, bajo un presupuesto y con abono de un precio por tal ilícita actividad».

Nada de esto concurriría en el caso de Joan Pau Miquel, como tampoco en el de Sandro Rosell, al que García Castellón da las mismas razones para rechazar su querella. El expresidente del Fútbol Club Barcelona quería entrar en el caso como perjudicado de esas mismas maniobras policiales, como una suerte de daño colateral de la supuesta guerra sucia contra el independentismo que le habría tenido dos años y medio en prisión para luego resultar absuelto.

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El juez descarta que se cumpla el patrón del resto de la causa, donde se sigue este esquema con honrosas excepciones. La operación Kitchen, la única pieza de momento que tiene alcance político y que va camino de juicio sin que concurran encargo, cliente, pago o intermediación del grupo empresarial de Villarejo; y Dina, que igualmente carece de todos estos elementos.

Con todo, hay más razones para desestimar la pretensión de Miquel. Para el instructor, es «pertinente» sacar a colación los argumentos que le llevaron a inadmitir la querella que puso por hechos muy similares Jordi Pujol Ferrusola. En aquel momento, ordenó a la Unidad de Asuntos Internos recopilar toda la documentación del comisario que pudiese arrojar luz sobre los ilícitos contra su familia que venía denunciando.

Se llegó a la conclusión de que constaba la existencia de una «actividad policial de captación de información» en la que el comisario Villarejo manejaba «diferentes fuentes humanas» y en la que se generaban «notas informativas» y grabaciones de las que cuatro sí podrían arrojar indicios de delito, pero se habrían perpetrado en Andorra y su justicia ya lo está investigando.

Por último, se añade otro elemento y es que para el instructor, la querella de Miquel «no aporta ningún indicio que corrobore que dicho plan o proyecto existiese, ni que se llevase a la práctica, ni la intervención del ex comisario Villarejo». «Del relato de hechos que se contiene en la querella no se desprende la intervención directa de Villarejo en tales actuaciones, sino de otros funcionarios policiales y en concreto, de Marcelino Martín Blas», dice el juez sobre el que fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos y al que Miquel señalaba por la supuesta extorsión.

«En consecuencia, no se aprecia ningún indicio que justifique la conexión entre los hechos narrados en la querella y las investigaciones seguidas en este juzgado a propósito de José Manuel Villarejo, por lo que, dado que los hechos referidos no son objeto de investigación en el presente procedimiento, ni presentan una conexidad suficiente, no ha lugar a su investigación en el momento presente, sin perjuicio de que, si surgiere algún indicio ulterior, pudiesen llevarse a cabo las diligencias de investigación oportunas», añade el magistrado.