El juez de Tsunami pide a Francia que localice a los familiares del turista fallecido en el Prat

En una resolución a la que tuvo acceso ABC, libra Orden Europea de Investigación a Francia para que localicen a la familia del turista que falleció de un infarto en las inmediaciones del aeropuerto de El Prat mientras estaba asediado a fin de ofrecerles que se personen como acusación particular en la causa. El instructor sostiene que a la luz del informe forense que se levantó tras el fallecimiento, pudo producirse el fallo cardiaco como «consecuencia» de la situación y ordena diligencias para dirimirlo.

En este sentido, solicita todos los datos médicos del paciente al hospital que le recibió cuando fue evacuado de la zona y toda la información relativa al aviso a Emergencias que alertó sobre su situación: saber si fue él quién llamó, si lo hizo algún familiar cualquier otra persona «y las horas concretas en que se registró la solicitud».

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Indica, en concreto, a los agentes de la Guardia Civil que llevan el caso, que «deberán recabar del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) todos los registros que tengan de aquel día en donde se contengan las circunstancias relativas al fallecimiento de J. C. S., las horas en las que se produjo la asistencia, quién acordó el traslado en helicóptero desde el Aeropuerto de El Prat al Hospital de Bellvitge, por qué activó este traslado, y si era posible el traslado por carretera en ese momento desde el Aeropuerto de El Prat hasta el Hospital referido».

«Se recabará además que informen sobre todas las incidencias que se produjeron aquel día en el Aeropuerto de El Prat, y si era posible el tránsito de ambulancias desde el Aeropuerto de El Prat hasta el Hospital referido», añade la resolución, que oficia a la Guardia Civil para que realice una «comprobación pericial para identificar la distancia entre las Terminales T1 y T2 del Aeropuerto de Barcelona y el Hospital de Belvitge, el tiempo que necesita una ambulancia para su traslado desde el Hospital al Aeropuerto, y si resulta justificado el uso de un helicóptero».

También en relación a lo ocurrido en El Prat, ordena que la Guardia Civil recabe en AENA «todas incidencias registradas» aquel día, el 14 de octubre de 2019, en las terminales T1 y T2, objeto de la protesta, «que pudieran afectar a la seguridad del aeropuerto», al tiempo que solicita información sobre el helicóptero que evacuó al turista francés para saber «quién lo autorizó y por qué razón».

En la misma línea, oficia a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) y ENAIRE, para conocer «todas las incidencias relacionadas con el tráfico aéreo» en aquella jornada, pero también la OTAN, «a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para recabar las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT), cualquier incidencia que se haya podido registrar en el tráfico aéreo nacional e internacional, relacionada con los hechos que tuvieron lugar en El Prat.

«En el caso que se hubiera registrado alguna incidencia se solicita que se proceda a su desclasificación, en el caso que esté clasificada como secreta, para su incorporación al procedimiento penal», mandata García Castellón.

Al margen de lo ocurrido en El Prat, acuerda varias diligencias para profundizar en lo ocurrido durante otras jornadas de protesta organizadas por Tsunami, como la que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2019, jornada de reflexión. Oficia a la Junta Electoral para que informen sobre «las actuaciones realizadas en relación con los hechos» incluyendo «si se llegó a efectuar algún requerimiento para impedir que se desarrollaran estos actos, a quién y el resultado».

Sobre aquella jornada, se dirige también información al Ayuntamiento de Barcelona para que traslade datos sobre los permisos del escenario que se instaló en la Plaza Universidad, a la Delegación del Gobierno para saber si las manifestaciones estaban autorizadas y a la Guardia Urbana para que proporcione «todos los registros que conserven sobre la celebración» que tuvo lugar allí: «informes, denuncias, atestados, registros fotográficos o de video», en definitiva, «todo lo que pueda servir para documentar lo que allí sucedió».

También si se enunciaron «proclamas, discursos, mensajes o cualquier otro acto de naturaleza política expresamente prohibido» en jornada de reflexión.