La juez de Tito Berni insta a investigar las «filtraciones» en prensa sobre la causa
Pide a la Policía que recopile noticias al apreciar indicios de revelación de secretos
Fuentes Curbelo pide que declare el mando policial que custodiaba los móviles del caso
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife aprecia en informaciones publicadas en prensa relativas al caso Mediador indicios de posibles delitos contra la administración de Justicia y de revelación de secretos. Por ello, ha solicitado al Grupo ... de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional que realizara una «recopilación» de artículos periodísticos en un informe que la magistrada ya ha enviado a reparto, con el fin de que se abra una investigación penal ante lo que ella considera «continuas filtraciones» de la causa.
Así consta en una providencia, firmada por la instructora María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, a la que tuvo acceso ABC, en la que además, acuerda dar cuenta de una noticia publicada por este diario al Juzgado de Instrucción 3 de la capital tinerfeña que ya sigue una causa por un posible delito de revelación de secretos a raíz de una denuncia presentada por la defensa del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni.
La instructora fundamenta su decisión en un informe presentado por Anticorrupción, en el que el fiscal Jaime Serrano-Jover asegura que en el caso Mediador, «desde su inicio, se han estado realizando continuas filtraciones de actuaciones policiales, diligencias judiciales y escritos que se han incorporando al proceso, además de resoluciones dictadas por la instructora que exceden notablemente el concepto de publicidad de las actuaciones judiciales».
El fiscal parte de la premisa de que aunque las actuaciones judiciales no están declaradas secretas, «tienen carácter reservado» y «sólo gozan de publicidad para las partes personadas en la causa, estando estas afectadas por el deber de sigilo», por lo que, a su parecer, «no deberían de haber trascendido a los medios de comunicación».
«No se puede obviar que determinadas publicaciones pudieran afectar a la intimidad de las personas, revelando datos, como pudieran ser antecedentes penales, que afectan a la parcela más íntima de la persona y cuya divulgación o uso al margen del proceso puede generar responsabilidades delictivas», prosigue.
De esta manera, Serrano-Jover solicitó a la unidad investigadora que realizara una recopilación de las informaciones, con el visto bueno de la jueza dado que, entiende, la «permanente» aparición de noticias periodísticas puede acarrear «graves connotaciones».
Con este escrito encima de la mesa la magistrada Lorenzo-Cáceres solicitó al Grupo de Delitos Tecnológicos un oficio sobre las noticias aparecidas en medios de comunicación, que ha remitido al Juzgado Decanato para su posterior reparto, y sin perjuicio de que la unidad investigadora confeccione «un informe ampliatorio» al presentado.
Rectificación
En lo que respecta a la información de ABC, remitida al Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, se trata de una noticia titulada 'Tito Berni pide al juez que declare el mando policial que custodiaba los móviles de la trama' publicada el pasado 10 de abril, que recoge un escrito que la defensa de Fuentes Curbelo presentó para solicitar la testificar del inspector jefe Francisco Moar, ante la denuncia del agente, apartado del caso, que cuestionaba el cumplimiento de la cadena de custodia de los teléfonos móviles de los integrantes de la trama, principal reserva de pruebas de la causa.
En su resolución, la magistrada habla de «una nueva filtración» porque dice, «el escrito ahora publicado en el ABC ni siquiera ha tenido entrada a través de Lexnet», la plataforma por la que se intercambian escritos juzgados y abogados. Y lo hace partiendo de una providencia que escribió el Letrado de la Administración de Justicia al día siguiente de la publicación de la noticia, llamando la atención sobre la «gravedad» de que estuviese en prensa un escrito que no constaba en el juzgado.
El problema es que el mismo letrado hubo de rectificar días después, con otra providencia en la que se explicaba que ese y otros tres escritos de parte habían entrado en el juzgado antes de acabar en la prensa. Se habían traspapelado «al encontrarse el juzgado de guardia». «Han aparecido», decía en esa segunda resolución. Tenían fecha de entrada el 9 de abril y número de registro asignado.
Con todo, la instructora ha dado traslado de la noticia a la causa que se sigue por las supuestas filtraciones. Cabe recordar que como ya informó ABC, la sospecha de un topo dentro del órgano judicial ya planeaba desde el alzamiento del secreto de sumario, hasta el punto de que llegaron a creer que tenían los teléfonos intervenidos.