El Supremo pide la imputación de la expresidenta de Adif por el contrato de Jésica Rodríguez

El instructor ve «indicios bastantes» de que Pardo de Vera pudo incurrir en irregularidades con dicha contratación, que la propia Rodríguez afirmó fue a petición del ministro y que no fue a trabajar ni un sólo día de los dos años que estuvo contratada.

El magistrado acuerda remitir al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional las actuaciones relacionadas con la contratación de Jessica Rodríguez tanto en Ineco como en Tragsa (dependiente de Agricultura y donde también fue colocada durante seis meses) para que valore la existencia de posibles indicios de criminalidad en la actuación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en dichas contrataciones, y acuerde, en su caso, tomarle declaración como investigada, asumiendo la competencia de los hechos que se le atribuyen.

En su auto, el instructor envía a la Audiencia Nacional los documentos elaborados por las entidades Ineco y Tragsatec en relación con estos dos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Jésica Rodríguez ante el magistrado.

Según el magistrado, existen indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera «habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente por el Sr. Ábalos Meco, quien habría contado para ello con la relevante participación del también investigado en esta causa Sr. García Izaguirre, sin que, además, aquélla, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna. Resultan, en este sentido, particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre doña Isabel y don Koldo con este motivo, cuya descripción se contiene en el referido informe de la U.C.O.»

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El instructor recuerda la doctrina de la Sala Segunda sobre la competencia para investigar causas de aforados, que debe estar presidida por criterios particularmente restrictivos. Por ello, señala que el alcance de la competencia del alto tribunal solo deberá extenderse, además de a los hechos que se atribuyen directamente al aforado, cuando se aprecie una conexión material inescindible, en relación con los que pudieran haber llevado a término otras personas.

Además, el instructor también cita como testigos a Claudia Montes, miss Asturias 2017 también vinculada a Ábalos, quien igualmente trabajó en Logirail, dependiente de Renfe, presuntamente por mediación del asesor de Ábalos investigado tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, Koldo García.

Puente justifica esta citación en que «habida cuenta de que la misma podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail SME SA, vinculada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la influencia del investigado en esta causa don José Luis Ábalos Meco y con la relevante colaboración del también investigado don Koldo García Izaguirre, formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado, declaración que se recibirá al efecto de que contribuya a esclarecer las circunstancias de dicha contratación».

El juez también acuerda la citación como testigo de César Moreno, vinculado a Aldama y que, según la investigación, podría tener conocimiento de las supuestas entregas de 10.000 euros mensuales a Koldo como presuntos sobornos por parte de Aldama. Descarta, sin embargo, citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.