El juez reprocha a Ábalos que se refugie en su escaño porque causa «estupor» social

Llegó con 50 minutos de antelación: sonrisa en la cara y directo al juzgado. Una vez arrancó la comparecencia, todo fue relativamente rápido, él se acogió a su derecho a no declarar, intentó exponer sus razones ante el juez Leopoldo Puente, tuvieron sus más y sus menos y, después de tres horas de paciente espera, el exministro socialista recibió la resolución del juez y abandonó el Palacio de las Salesas -sede del tribunal y que data del siglo XVIII- alejando los 'inflados' fantasmas de su posible entrada en prisión preventiva.

Ábalos había sido citado a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba a que pudo disponer de una fuente desconocida de ingresos con la que pudo hacer frente a gastos por valor de 95.000 euros. También decía que tanto él como quien fuera su asesor ministerial, Koldo García, recibieron dinero en metálico en sobres con procedencia de la sede del PSOE -para gastos adelantados- y que los patrimonios de ambos parecían estar vinculados.

Con estos mimbres, el magistrado y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, esperaban respuestas, pero se encontraron con un Ábalos que dos días antes había renunciado a su abogado Aníbal Álvarez-«diferencias irreconducibles»- y que venía obligado por el Supremo a mantenerle al menos en las declaraciones de esta semana.

Según las fuentes consultadas por ABC, y que estuvieron presentes en la declaración, El exministro trató de exponer al juez que llegaba a la cita en situación de indefensión, y ahí arrancó un rifirrafe entre el político y el juez, quien cortó en varias ocasiones a Ábalos para explicarle que sólo le interesaba si declararía o no, y que lo demás sobraba. Ante la insistencia del exministro por razonar su decisión, el juez finalmente le recordó que el Supremo «no es el Congreso».

Acto seguido, tuvo lugar la vistilla para decidir si se debían modificar la medidas cautelares que pesan sobre él y que por el momento se traducen en comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional. En ese trámite tomó la palabra el fiscal para apuntar que si bien el informe robustecía los indicios que incriminan al exministro, no veía necesario agravar esas medidas con una prisión provisional. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el abogado del PP, sí que se decantaron por pedir la prisión al considerar que existe riesgo de fuga, señalando que subsidiariamente se conformarían con una prisión eludible con una fianza de 650.000 euros. Además, pidieron a Puente que en caso de enviar a Ábalos a prisión, le mandara a una cárcel diferente a la de Santos Cerdán (Soto del Real) para evitar conexiones que perjudicaran a la causa. Aníbal Álvarez, convidado de piedra hasta ese momento, tuvo que tomar la palabra como abogado del exministro, y puso el foco en que si el PP pedía la prisión era por una finalidad política.

Una vez escuchadas todas las partes, el magistrado se decantó finalmente por no enviarle a prisión y no fijó fianza alguna para el exministro. En su resolución, no obstante, mandaba un mensaje envenenado al exministro al resaltar que no es ajeno «al natural estupor que produce» que Ábalos, sobre el que «gravitan tan consistentes indicios de la comisión de muy graves delitos estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública» siga manteniendo el escaño de diputado. Escaño al que llegó, por otro lado, al ser incluido en las listas del PSOE al Congreso en las elecciones generales de 2023, cuando la presunta trama aún estaba activa y a pesar de que Pedro Sánchez le había apartado en 2021 del Ministerio.

«Ejerce a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputado (entre ellas, el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley)», puntualiza ahora el juez, para luego añadir que este hecho «es un buen motivo para la reflexión».

En este sentido, el juez llega a deslizar que sería conveniente «articular por ley algún mecanismo» que impidiera la situación en la que está Ábalos, si bien matiza que la modificación de normas no es competencia del Poder Judicial, ya que a ellos sólo les compete aplicar «las promulgadas por quienes, en tanto representantes directos del pueblo soberano, tienen la facultad de hacerlo». Añade que tampoco puede acordar la prisión de Ábalos para «colmar las exigencias» del Reglamento del Congreso para que se pueda suspender al exministro como diputado.

Además de ese comentario con el que remata su auto a modo de análisis de cómo debería proceder un político en la situación de Ábalos, el magistrado explica que pese a que persisten los «sólidos indicios de criminalidad» contra él que son de «singular contundencia» y que se ven «incrementados» por el último informe patrimonial, considera que no concurren los requisitos para acordar su entrada en prisión. Así, explica que parece razonable descartar que exista riesgo alguno de que pudiera cometer nuevos hechos delictivos o de que pudiera destruir pruebas, aunque sí coincide con el fiscal en que «concurre un riesgo cierto, aunque no lo suficientemente intenso, de que el investigado pudiera sustraerse a la acción de la justicia» -riesgo de fuga- porque «ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco, tal vez en metálico, tal vez depositado en cuentas de terceros que hasta el momento no han sido halladas» y ha tenido «ciertos contactos y vínculos internacionales».

En este sentido, matiza que, si bien el investigado ha cumplido «rigurosamente» con las cautelares, «el riesgo de que pudiera sustraerse a la acción de la justicia resulta creciente, conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos sancionados con penas privativas de libertad muy significativas, se robustece» y conforme también se aproxima la fecha de celebración del juicio oral. Por eso, no descarta «medidas más gravosas -la prisión- en el porvenir», tal y como sugirió en su exposición el fiscal anticorrupción.