El juez reactiva la causa por los 'ongi etorris' y ordena investigar grupos de chat de Sortu

En concreto, Manuel García-Castellón ha atendido a un recurso de la asociación Dignidad y Justicia al que se sumaron la Asociación Víctimas del Terrorismo y el PP, que ejercen la acusación popular en este asunto, contra su decisión de dar por finalizada la investigación y preparar el caso para juicio. Pedían más diligencias y más tiempo para que se practicasen.

En una resolución fechada el 29 de enero y a la que tuvo acceso ABC, el juez les da la razón. Resuelve que fue «prematuro» el cierre del caso y acuerda investigar los chats del sistema de mensajería Telegram que frecuentaban dos veteranos de ETA que forman parte del elenco de investigados, Carlos Sáez de Eguilaz; tesorero en tiempos del aparato internacional de la banda terrorista y Felipe San Epifanio, miembro del comando Barcelona.

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«Ambos investigados son usuarios de canales de Telegram donde se imparten directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, recibiendo abundante información y promoviendo campañas y movilizaciones a favor de los presos de la organización terrorista», dice la resolución.

Uno de ellos es «Sortu-herritmoa bizitu» (»Sortu/avivar el ritmo de nuestro pueblo»), que es «un canal de Telegram, que estaría administrado por el partido político Sortu y del que Sáez de Eguilaz »recibe abundante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de la organización terrorista ETA, que después eran difundidos por organizaciones como Etxerat o la revista Kalera.info«.

«En dicho canal se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu», dice el auto. Señala otro, «Sare herritarra#izanbidea» («Red ciudadana #seelcamino») que, conforme explica, «estaría administrado por la red ciudadana Sare de apoyo a los presos, huidos y deportados de la organización terrorista ETA».

En cuanto a San Epifanio, que también es usuario del «Sortu-herritmoa bizitu», consta en el canal «BarneKom» (»Comité Interno»,) en el que tal y como apunta la resolución, «se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y comprobándose la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu».

El juez explica que se desconoce «quienes son los administradores de los tres canales de Telegram mencionados, dos pertenecientes al partido político Sortu y uno a la red ciudadana Sare, siendo esencial conocer tal extremo para esclarecer los hechos investigados en las presentes actuaciones» y por eso, libra mandamiento a la compañía de mensajería para que informe sobre la titularidad de estos grupos e identifique a los administradores de los mismos.

Esta investigación arrancó en el año 2018 por la organización desde 2016 y hasta 2019 de hasta 95 actos de homenaje a presos de ETA en el País Vasco y en Navarra, en lo que para el juez instructor Manuel García-Castellón, como para la Fiscalía, constituye una conducta «reiterada y sistemática» desplegada desde una «estructura», que podría calificarse como un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo.

El pasado mes de octubre el juez dio por finalizadas las diligencias y en diciembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó formalmente la continuación de la causa contra Antonio López Ruiz, el etarra conocido como 'Kubati' y principal investigado, los mencionados Saez de Eguilaz y San Epigfanio y los miembros de Sortu Haymar Altuna, Oinaha Garmendia y Oihana San Vicente.

En su escrito, al que tuvo acceso ABC, el fiscal Carlos García Berro subrayaba que «si bien la organización de un acto aislado de homenaje e un terrorista o la participación ocasional en alguno o alguno de ellos puede considerarse amparada por la libertad de expresión, la organización de tales actos de indudable contenido laudatorio a todos y cada uno de los miembros de la banda terrorista ETA encuadrados en el EPPK o colectivo de presos produce una constante humillación a las víctimas».

Calificó preliminarmente los delitos como de organización criminal de carácter no terrorista, en tanto que «agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos», para la comisión de «un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas».

Esta es la misma causa en la que a golpe de volcados telefónicos afloraron los contactos que los presos de ETA habían establecido con el Gobierno a través de distintos interlocutores que habrían estado negociando mejoras para ellos directamente con el director general de Instituciones Penitenciarias e incluso con el entonces delegado del ejecutivo en el País Vasco, como informó este diario.