El juez procesa a los etarras Antza y Ramontxo por el asesinato en Santa Pola en 2002 de una niña y un hombre

En una resolución notificada este viernes, el instructor da este paso tras constatar que Francia sigue sin responder a sus peticiones para poder adoptar la misma decisión respecto del resto de miembros de ETA que tenía investigados por su responsabilidad en estos hechos: Maria Soledad Iparraguirre (Anboto), Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica y Félix Ignacio Esparza.

«Si bien son palmarios, a juicio de este instructor, los indicios que apuntan a la implicación en las actividades delictivas objeto de este Sumario de los investigados cuya puesta a disposición de este juzgado se encuentra a la espera de la autorización de las Autoridades francesas, no resulta posible, por el momento, el dictado de un Auto de Procesamiento contra ellos, no habiendo tenido la oportunidad de ser oídos en declaración», dice el magistrado.

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EUROPA PRESS

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Antza y Sagarzazu sí estaban a disposición de la justicia española y quedan ahora a un paso del procesamiento. El instructor ha emplazado a una resolución aparte la citación para comunicarles formalmente esta circunstancia, así como determinar la imposición de la fianza.

García-Castellón, que reabrió este asunto tras una querella de Dignidad y Justicia en busca de la autoría mediata de aquel atentado por el que ya fueron condenados los ejecutores materiales, Oscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, concluye que hay indicios sobrados de la responsabilidad de la cúpula en el ataque, perpetrado el 2 de agosto de 2002. Ya aquella sentencia que les imponía 843 años de cárcel por dos asesinatos consumados, decía que estos miembros del comando Argala se limitaron a recoger el coche cargado de explosivos que se les hizo entregar desde Francia.

Según razona, los dos ahora procesados han sido ya identificados en los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aportados a la causa como parte del comité ejecutivo o 'Zuba' de ETA en aquella época.

En el caso de Antza , subraya que «ocupó el el cargo de máximo responsable del Aparato Político de ETA desde mediados de 1994» y «no se tiene constancia de que desde 1994 ningún otro miembro de ETA haya ostentado tal máxima responsabilidad» hasta su detención, una década más tarde, como apuntalan varias sentencias dictadas a lo largo de los años, declaraciones de otros terroristas en procesos judiciales y el abundante material que en su día, le fue intervenido.

Por eso, concluye el juez que en esa calidad de peso pesado en la cúpula, «habría participado en la toma de la decisión y en la facilitación de los medios utilizados por el comando Argala de ETA (explosivos y vehículo utilizado como coche-bomba) para materializar el atentado contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola».

En cuanto a Sagarzazu, los informes policiales le sitúan «como máximo responsable del aparato Internacional de ETA», de igual modo, a golpe de jurisprudencia y de declaraciones y 'kantadas' de otros miembros de la banda terrorista y la «abundante documentación incautada», en este caso, a Ibón Fernández Iradi, Susper. Constaba un documento que daba cuenta de la actividad de los liberados en las provincias de Malaga y Alicante, incluyendo al comando Argala, durante el verano de 2002. Figura además en la causa una autocrítica que detalla el modo en que los ya condenados habían recibido de Francia el coche y los explosivos.

«Puede inferirse que Ramón Sagarzu, quien, como responsable del 'Aparato internacional' de ETA, controlaba todos los asuntos relacionados con los miembros de la organización que se encontraban ubicados en terceros países, tuvo una participación decisiva en la Zuba o comité ejecutivo en lo relativo a la toma de decisiones adoptadas colegiadamente por el órgano de dirección de la banda», dice la resolución.