El juez pide a la Fiscalía que revise su posición en Púnica por la reforma de malversación

«Dada la posibilidad que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación por los que se investiga, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para que en el plazo de 5 días informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, interesa el sobreseimiento de alguno de los investigados», dicen las resoluciones, un auto y cuatro providencias firmadas este jueves.

Van dirigidas a las piezas de Púnica 4, 5, 8 y 10, relativas a contratos de la trama como los celebrados en la localidad madrileña de Valdemoro y la alicantina de Denia, pero también a la que investiga las actividades del exconsejero madrileño Francisco Granados al frente de la cartera regional de Transportes.

Mismo informe a los fiscales y las demás partes personadas en la causa conocida como 'cártel del fuego', en la que se ha dictado la continuación del procedimiento contra el conseller de la Generalitat valenciana y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano y otras 31 personas entre otros, por el delito de malversación, en la adjudicación de contratos para la extinción de incendios.

En este caso, el instructor lo que solicita es que las partes se pronuncien sobre las calificaciones atendiendo a los términos de la reforma del Código Penal.

Son así ya tres los asuntos sobre los que el Juzgado ha pedido a Anticorrupción que se posicione sobre el impacto que tendrá esta reforma que cambia el paradigma en la persecución de estos delitos, eliminando lo que desde 2015 se consideraba administración desleal de los fondos públicos y limitando la casuística a tres supuestos: el lucro propio, el ajeno o la desviación a otros fines públicos con penas en algunos casos, menores que en el código anterior.

Esta misma semana, en ciernes de la entrada en vigor, se notificó un auto del 29 de diciembre en el que el magistrado de refuerzo en el mismo juzgado, Joaquín Gadea, pedía a la Fiscalía que reconsiderase su postura a la luz de la reforma, pues había pedido la transformación a procedimiento sumario de la causa sobre los presuntos amaños de contratos desde Acuamed y eso implicaba ya su intención de acusar por delitos con penas mayores a 9 años de cárcel, como sería la malversación agravada.

Tal y como reveló este diario, el criterio en el Central 6, donde se siguen las principales grandes causas de corrupción que aún se instruyen en la Audiencia Nacional, va a ser pedir informe a los fiscales para ir ajustando la instrucción a las nuevas previsiones del Código Penal. No se trata de momento de una tónica general en los juzgados Centrales, donde no todos tienen causas que abarquen el presunto delito de malversación. En el 3, por ejemplo, no hay ninguna en instrucción.

Con los fiscales de la operación Kitchen no se ha elevado la misma petición de informe. En este asunto, está por presentarse el escrito de acusación y dado que va a llegar con la reforma ya vigente, lo hará ya adaptado a los nuevos términos del Código Penal. No obstante, como informó este diario, está por ver que tenga impacto alguno en esta causa, porque podría concurrir el Código Penal anterior al de 2015, más ventajoso que el vigente y que coincidió con las fechas de los hechos.

La Fiscalía General del Estado, entretanto, trabaja en la elaboración de una guía de criterios comunes de actuación. La previsión es que los escritos de acusación por este ilícito en los distintos procedimientos abiertos en todo el país sufran retrasos en su presentación en espera de estas directrices. La incógnita es si también se demorarán los informes que reclama ahora el juzgado para Acuamed, Púnica y el Cártel del Fuego hasta que lleguen.