El juez de Pegasus supervisará la investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos de Mediador 

Calama, que lleva entre otras la investigación sobre el espionaje con el software Pegasus a miembros del Gobierno o el ataque informático por cuenta de un hacker a las bases de datos de la Agencia Tributaria, será así el encargado de arbitrar la investigación a medida que requiera la Fiscalía Europea, cuyo funcionamiento es autónomo, es decir, es en su caso el Ministerio Público y no el juez quien gobierna la instrucción. Así, el papel del magistrado se limita a las cuestiones que afectan a derechos fundamentales o a un arbitrio entre las partes.

En este caso concreto, hay un investigado en prisión provisional, el general de División de la Guardia Civil Francisco Espinosa, encarcelado desde su detención el pasado 14 de febrero por orden del juzgado tinerfeño. Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, una de las primeras decisiones de Calama tendrá que versar sobre la continuidad de esta situación. 

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Adriana Cabezas

Asume la parte relativa a los contratos de drones de la Fiiapp y al general Espinosa Navas en prisión provisional

La Fiscalía Europea pidió información al juzgado de Santa Cruz de Tenerife tras conocer que el caso Mediador afectaba a fondos comunitarios. Después de que el pasado marzo la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres le enviase oficio con testimonio de esa parte de las pesquisas, la fiscal Concepción Sabadell estudió a fondo su competencia y el viernes 15 de abril dictó un decreto avocando para sí esa parte del procedimiento.

En el auto por el que le envía esa parte de las pesquisas, notificado este martes, la juez concreta que se trata sólo de la investigación «en lo relativo específicamente» a cuatro contratos adjudicados adjudicados por la entidad pública Fiiap a uno de los empresarios de la trama, José Suárez Estevez, de los que tres dependían directamente del proyecto GAR-SI Sahel mientras lo dirigía el general Espinosa, con el que tenía relación. 

Se trata, como ha venido informando este diario, de 4 contratos de que suman un importe de 263.000 euros. Tres de ellos estuvieron destinados a suministro de drones para las misiones de GAR-SI Sahel en otros tantos países y un cuarto era por lo mismo pero para otro programa de la Fiiap. Es el más cuantioso, 173.000 euros por el lote adjudicado a las empresas vinculadas a ese empresario conocido en la trama como «el drones». 

Conforme detalla el auto, «Espinosa estaría haciendo uso de las relaciones personales que tendría con personas relevantes del sector público y empresarial en el ámbito de las Islas Canarias, tras su paso por la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil durante cuatro años» y que «habría fraguado como consecuencia de responsabilidades públicas de enorme relevancia en este archipiélago». 

En ese contexto, incardina los cuatro contratos, que «podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega por el empresario beneficiado de dádivas, regalos o pagos al General en su condición de responsable director del Proyecto GAR-SI Sahel, proyecto europeo financiado por la Comisión Europea«, cuyo objeto es »contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto en los países del Sahel«. Finalmente, la juez se ha inhibido en favor de la Fiscalía Europea, que además del general, se hace cargo de los indicios contra el empresario adjudicatario en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. 

Mientras, en Tenerife se mantiene abierta la parte del caso que afecta al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo -Tito Berni-, su sobrino y exdirector General de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes, y el supuesto conseguidor de la trama, el mediador Antonio Navarro. La sospecha es que recibían dádivas y regalos de parte de empresarios a cambio de un despliegue de influencias en su favor, pero eso aún está por acreditar, como recoge el mismo auto. En este sentido, el auto resume que la «trama empresarial» de Mediador «estaría integrada por empresarios que de manera directa o indirecta habrían participado en la comisión de los hechos descritos accediendo a las peticiones ilícitas, siendo los destinatarios de las hipotéticas ventajas o beneficios conseguidos por los otros integrantes de la trama delictiva».