El juez paró los pies a Manos Limpias en su ofensiva contra Begoña Gómez

Según se desprende del sumario de la causa al que tuvo acceso ABC, tras la denuncia, Manos Limpias aportó dos escritos. El primero, un denominado informe de investigación sobre Globalia y unos supuestos incumplimientos de requisitos para recibir adjudicaciones; y otro el 8 de mayo que avisaba de riesgo de destrucción de pruebas por parte de Begoña Gómez en el extranjero y pedía medidas cautelares: retirarle el pasaporte y obligarla a comparecer periódicamente en un juzgado.

«No ha lugar a pronunciamiento alguno de este Juzgado, por cuanto que, además de que la pretensión de retirada del pasaporte de la denunciada es totalmente infundada e incluso descabellada, como quiera que el denunciante ya puso la notitia criminis en conocimiento de un órgano judicial ejerciendo la acción pública y no tiene la condición de parte procesa, carece de legitimación alguna para interesar al práctica de cualquier tipo», decía la resolución del juez.

Hacía saber a Manos Limpias en la misma providencia que «los escritos que se presenten a partir de este momento le serán devueltos sin atender a las pretensiones que puedan contener al no ser, como se ha dicho, parte procesal, en tanto en cuanto no adquiera, en su caso, tal condición».

Como informó este diario, esta es una de las pocas cosas en las que se aprecia acuerdo del fiscal y el juez en este caso. «Nos mostramos conformes con las dos providencias dictadas por el Magistrado Instructor el día 10 de mayo de 2024, conocidas por nuestra parte en el día de hoy, resultando efectivamente improcedente y abusivo el hecho de reiterar la presentación de escritos y solicitud diligencias judiciales sin estar personado en forma, con pretensiones por otro lado, manifiestamente desproporcionadas y carentes de justificación», dijo al respecto el Ministerio Público.

Manos Limpias consignó fianza, los mismos 10.000 euros que se ha impuesto a otras acusaciones admitidas, como la asociación Movimiento por la Regeneración que lidera un abogado célebre por sus vídeos en Youtube -Aitor Guisasola- y el partido político Vox, aunque son más quienes han pedido acceder a la causa, como HazteOír, cuya denuncia ante la Fiscalía fue derivada al juzgado y obra en las actuaciones; o un partido político denominado Portodos, cuya alegada «carencia absoluta de ingresos» le ha llevado a recurrir la imposición de la fianza.

El Ministerio Público, en perspectiva, ha pedido al juez que ordene a las acusaciones populares aglutinarse bajo una sola representación.