La juez del caso Mediador investiga las filtraciones de información de la causa
Incoa diligencias previas por revelación de secretos tras la petición del abogado de Tito Berni
El jefe jurídico de la fundación del caso Mediador denunció ya en 2020 contratos a dedo
El mediador, Antonio Navarro Tacoronte
La juez del caso Mediador ha abierto una investigación ante lo que califica como «múltiples y continuas publicaciones» de información sobre las pesquisas, a partir de la petición elevada por el abogado de uno de los principales investigados, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo ... Fuentes Curbelo. Había denunciado ante la instructora «la posible existencia de un delito de revelación de secretos por particular».
En un auto notificado este martes y al que tuvo acceso ABC, la instructora, Ángeles Lorenzo-Cáceres, incoa diligencias previas por un presunto delito de revelación de secretos en relación a este asunto que estuvo investigándose un año a puerta cerrada hasta que el pasado 14 de febrero se practicaron detenciones y se alzó el velo.
Da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre las medidas a adoptar, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido».
El caso Mediador investiga una presunta trama de mordidas que empresarios canarios y peninsulares habrían hecho llegar a través de una figura central, Antonio Navarro Tacoronte, al menos a tres cargos públicos, con intención de beneficiarse de favores al abrigo de su influencia, entre 2020 y 2021.
Se trata, además, del ya exdiputado del Partido Socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a quien en la trama apodaban Tito Berni, de su sobrino y otrora director General de Ganadería de Canarias, Taishet Fuentes; y del general de División retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único que está en prisión provisional; aunque no se descarta que acabe salpicando a otros cargos dentro y fuera de Canarias.
Más de un año de investigación
La investigación gira en torno al material hallado en dos teléfonos móviles que el propio Navarro puso a disposición del juzgado para librarse de la denuncia por estafa que había presentado contra él otro alto cargo, el entonces director de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña. Las actividades que pudieran desarrollar entre ambos son objeto de una pieza separada.
A golpe de audios, vídeos y fotografías, los investigadores, un equipo mixto entre la Policía Nacional y la Sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil, reconstruyeron un modus operandi que consistiría en un flujo de mordidas a cambio de influencias para acceder a contratos públicos, subvenciones o eludir sanciones. Además de los mencionados, están investigados una docena de empresarios, en su mayoría ganaderos locales.
El próximo viernes declaran los primeros testigos, dos personas próximas al general Espinosa. Se trata de una mujer a la que en la trama apodaban «chocho volador» y un empresario isleño. Entretanto, la instructora espera más información desde Bélgica, que ha aceptado tramitar la comisión rogatoria que envió pidiendo datos sobre una cuenta bancaria que tenía allí este mando de la Guardia Civil retirado.
En paralelo, se analiza una batería de contratos que adjudicó GARSI-Sahel, el proyecto que él comandaba al abrigo de la fundación pública Fiiapp y sufragado con fondos de la Unión Europea. La instructora, de hecho, ha abierto la puerta a que la Fiscalía Europea coja el testigo de esta rama de la investigación: le ha pedido que analice si es un asunto de su competencia.
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