La juez del caso Mediador estudia sumar a la UDEF al equipo de investigadores

El equipo de policía judicial está conformado en la actualidad por la Policía Nacional, la Agencia de Vigilancia Aduanera y el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Y son los primeros y en concreto, la División de Delitos Tecnológicos, los que han instado a la incorporación de la UDEF como apoyo en tanto que «expertos en la investigación de delitos asociados a la corrupción financiera, punto de contacto e interlocución en España, para las acciones necesarias en la lucha contra el fraude y la corrupción en la UE».

Está por ver si la juez se decanta por la incorporación y sobre todo, si lo hace en estos términos. La causa se sigue entre otros, por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en los supuestos pagos que habrían realizado un puñado de empresarios a Tito Berni, su sobrino y otrora director General de Canarias Taishet Fuentes y el mencionado general retirado de la Guardia Civil a través de la figura del mediador, Antonio Navarro Tacoronte.

Sin embargo, está por acreditar si esas influencias se desplegaron, sobre quién o quiénes y con qué alcance, y eso implica analizar ingente documentación, fundamentalmente expedientes de ayudas, contratos y sanciones relacionados con esos mismos empresarios y que intentaban gestionar con los mencionados pagos.

En cualquier caso, la mención a la Unión Europea que hace la unidad de Policía Judicial en su escrito no es casual. Cabe recordar que el general Espinosa está investigado en paralelo por una batería de contratos del proyecto GAR-SI Sahel, financiado con fondos comunitarios a través de la entidad pública Fiiap porque el beneficiario es uno de los empresarios imputados en Mediador.

La Fiscalía Europea aún no se ha pronunciado sobre su competencia en esa parte de la investigación. El general está en prisión provisional desde su detención el 14 de febrero.

Mientras, las pesquisas sobre la trama canaria siguen su curso. Ayer declararon como testigos dos amigos de Espinosa -Adelaida P. y el empresario Luis Monzón- que, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, pusieron el foco en que el Mediador vendía humo y nada se materializaba.

La primera es la mujer a la que planearon contratar en la empresa fotovoltaica del investigado Antonio Bautista para que influyese sobre el presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas y este accediese a comprar placas solares para el estadio. No llegó a puerto el plan.

El segundo es uno de los integrantes del «Equipo A», un chat de whatsapp que tenía el general con sus amigos, y se desempeña en Lopesan, la empresa en la que también intentaba conseguir contratos Bautista a través del general, cosa que tampoco habría ocurrido.

Acudió asimismo a declarar, si bien ya como investigado, el ganadero Julián de Santa Bárbara, imputado por un pago de 6.000 euros a Navarro para una licencia, y de testigo, el joven al que envió a recoger el dinero a su casa. Coincidieron en apuntar que todo fue un engaño, como también hizo otro ganadero que acudió igualmente a testificar, de acuerdo a las mismas fuentes .

Tal y como reveló ABC y obra en el sumario de actuaciones, Navarro tenía un plan para conseguir captar a Santa Bárbara y organizó una reunión con él. Necesitaba una licencia para una parte de sus terrenos. Tras mucha conversación, el mediador le acabó convenciendo de que por un precio podía solucionarle el problema. Le acompañó a un cajero para que sacase 5.000 euros con los que empezar a trabajar, pero el ganadero no se aclara con la tarjeta y le acaba dando su pin a Navarro.

El mediador se da cuenta entonces de que el límite de crédito no permite a Santa Bárbara retirar tanto efectivo y envía a un hombre a su casa a recoger el dinero en efectivo, habiendo escalado ya la cantidad a 6.000 euros. Ese hombre es el joven, un ingeniero que en 2021 hizo trabajos para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que este jueves testificó que también fue engañado por Navarro Tacoronte.