El juez del caso mascarillas insta a San Chin Choon a ratificar sus emails en persona

«A la vista de los mensajes de correo electrónico supuestamente remitidos a la dirección de correo de este Juzgado por un individuo que dice llamarse San Chin Choon y la documentación que adjunta, se comunica al remitente que dicha documentación no tiene ningún valor probatorio si no lo ratifica ante este Instructor, respondiendo a todas las preguntas que le hagan las partes sobre los mismos y demás cuestiones de interés para la causa», dice el escrito al que tuvo acceso ABC.

A renglón seguido, el juez le insta a señalar «las fechas en que puede comparecer» ante el Juzgado de Instrucción número 47, «habida cuenta de que ya no se va a enviar otra comisión rogatoria de forma oficial a Malasia, al haber sido ya contestada la primera sin respuesta positiva».

«Tampoco se va a realizar ninguna videoconferencia con Malasia, no sólo porque no habría medios técnicos para ello sino porque en la presente causa es necesaria la inmediación personal con la asistencia de traductores oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid», explica en la resolución.

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Adriana Cabezas

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San Chin Choon es un misterio desde el inicio de la investigación. Se supone que es el consejero delegado de la empresa Leno, con sede en Malasia, y proveedor de los intermediarios Alberto Luceño y Luis Medina, ambos imputados entre otros, por un delito de estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de guantes, mascarillas y test rápidos covid en la primera ola de la pandemia. Se habrían embolsado una comisión de 6 millones de euros en una operación de poco más de diez.

Cuando durante las pesquisas previas, el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol envió una comisión rogatoria a Malasia para que San Chin Choon respondiese a una serie de preguntas, la respuesta fue negativa. El empresario, y en aquel país está en su derecho, se negaba a colaborar con la justicia española para esclarecer cuestiones clave como cuál era el precio real de la mercancía o quién pagaba la comisión por intermediación a Medina y Luceño, si la asumía su compañía o lo sacaban de lo que aceptase pagar el Ayuntamiento.

Sin embargo, una vez judicializado el asunto, la agencia EFE difundió en su página web un extracto de una entrevista con San Chin Choon en la que él decía por teléfono al periodista que había contestado a las preguntas por escrito, había firmado una declaración y estaba interesado en cooperar. Meses después, llegaría el primer email al juzgado, enviado desde una cuenta con el mismo dominio que da nombre a la empresa y en el que descarga de responsabilidad a los dos comisionistas.

En la misiva, tal y como avanzó ABC, la persona que se identificaba como San Chin Choon aseguraba que Luceño y Medina trabajaban para él como agentes exclusivos, negaba irregularidades y afirmaba que el precio de los productos habría sido el mismo aunque ninguno de ellos hubiera intervenido. «No se vende a un precio más alto por el hecho de tener agentes. Sin ellos no habría habido operación», decía.

Añadiría en mensajes posteriores diversa documentación, pero la sombra de duda sobre la persona detrás de esas comunicaciones digitales no ha desaparecido. Para el juez y el fiscal es «alguien que dice ser» San Chin Choon porque lo que tienen, oficialmente, es que cuando ese empresario fue localizado e identificado por las autoridades malasias no mostró interés alguno en defender a los comisionistas o dar explicación alguna.