El juez que investiga a Begoña Gómez cambia al domingo la citación como imputada de la secretaria general de Presidencia
Lo hace después de que la defensa de la asistente de la mujer del presidente dijera que le coincidía con otro señalamiento
El juez que investiga a Begoña Gómez imputa a la secretaria general de Presidencia por malversación de caudales
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Iniciar sesiónEl magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga por hasta cinco delitos a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha citado a la actual secretaria general de Presidencia, Judit Alexandra González, para este domingo 16 de noviembre, como imputada por malversación de ... caudales. Le achaca una falta de control sobre los trabajos realizados por la asistente de La Moncloa Cristina Álvarez, de la que sospecha que hizo trabajos privados para los negocios de Gómez.
En una providencia, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, el magistrado explica que dado que la defensa de Álvarez informó a su juzgado de que el 12 de noviembre -fecha inicialmente prevista- ya tenía un señalamiento previo, propone el domingo 16 de noviembre a las 17.30 horas para esa comparecencia de la alto cargo de Moncloa. También mueve a esa fecha las declaraciones testificales del presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar; del responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi; y del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio. Todos ellos ya declararon anteriormente en la causa.
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Fue la semana pasada cuando Peinado acordó esta nueva imputación en un auto en el que destacaba su papel de supervisora de los trabajos Cristina Álvarez, y en el que sostenía que «cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio de carácter público» -Cristina Álvarez en este caso- no evite una utilización de ese recurso humano para fines privados «puede cometer pudiendo evitarlo y no haciéndolo malversación».
Entendía así que los encargados de controlar las labores de Álvarez, en este caso los secretarios generales de Presidencia, pueden incurrir en el delito de malversación «en la modalidad de comisión por omisión» dado que tienen la función de «garantes» y porque pueden impartir las correspondientes órdenes o instrucciones para que dicha persona «se abstenga de continuar con esas laboras de carácter privado».
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