Imputan al presidente de Félix Solís y al administrador de García Carrión por el presunto fraude con el crianza y el reserva

La causa se abrió en el año 2021 a partir de una querella de la Fiscalía y se ha venido investigando desde entonces con diligencias policiales como explorar las bodegas en que se producían los vinos para comparar el número de barricas disponibles para producir reserva y de gran reserva con la cifra de litros que efectivamente, se habían comercializado.

Se ha recabado asimismo, abundante documentación en estos meses de todas las empresas que participan en el proceso y la sospecha es que ni por la elaboración ni el periodo de envejecimiento, el vino que llegaba a los lineales etiquetado como tal a través de una docena de comercializadoras correspondía realmente a esa categoría. Los descuadres en las cifras se cuentan en millones de litros.

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Ahora, el juez ha decidido citar a José García Carrión Jordán el 4 de diciembre y a Félix Solís el día 11, así como ha dirigido la causa contra las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, que resultan investigadas como personas jurídicas, bajo sospecha de haber actuado como cooperadoras necesarias en los delitos que se investigan. Ya están investigadas las mercantiles Félix Solís SL, Félix Solís Avantis SA, García Carrión SA y Grupo Vinartis SA.

En un auto notificado este miércoles, Calama resuelve asimismo tomar declaración como testigo, el 23 de noviembre, al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2015 a 2019 y desde entonces consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

En el caso de Solís, se imputa «una comercialización de vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas con las menciones crianza, reserva y gran reserva, en cantidades muy superiores a la declaradas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, durante el periodo correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, introduciéndolo en el tráfico económico».

A partir de la documentación recabada en la compañía, el juez apunta a una evidente «falta de concordancia» entre los datos proporcionados por los diferentes organismos involucrados en la producción, control y certificación, que, conforme señala, hace «poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los investigados, con independencia de la posible participación en los hechos del resto de operadores que intervienen en este proceso»

«Este desfase de datos sería mayor aún si se tienen en cuenta que las cantidades comercializadas a otras empresas mercantiles tanto del mercado nacional como internacionales, que no han sido tenidos en cuenta en la investigación. A tal efecto cabe destacar que, según el informe del secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas, de fecha 03.06.2020, las ventas internacionales supusieron el 43,4% en el año 2018 y el 39,6% en el año 2019», relata el auto.

Señala que la disfunción se aprecia al cruzar los datos relativos a las existencias de vino, salidas declaradas, declaraciones de aptitud, y parque de barricas. De esta manera, señala, al inicio del año 2017 los investigados tenían una cantidad considerablemente mayor de vino que la declarada al Consejo Regulador, ascendiendo la diferencia a 914.988 litros. Además, disponían de 605.480 litros de vino de reserva por encima de lo comunicado.

Por otra parte, expone el juez, aparece una diferencia de 4.608.437 litros entre las salidas declaradas al Consejo Regulador y la comercialización a trece empresas del territorio nacional. Concretamente, el vino reserva presenta un descuadre de 3.767.884 litros. Respecto a los datos facilitados a requerimiento judicial esta diferencia alcanza los 15.621.492 litros.

En este sentido, concluye que para que cuadrasen las cuentas de producción de vino envejecido en barrica, habrían necesitado hasta 28.000 barricas más de las que efectivamente habían declarado tanto al Consejo Regulador como luego a la Audiencia Nacional. Eso, sin considerar otros tipos de vino que también necesitan estos recipientes para envejecer, como el roble blanco y tinto.

Con García Carrión y Grupo Vinartis ocurre algo similar. La documentación presentada, así como obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, «pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA y Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella».

Apunta que «la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo 2017/2019«.

En cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, «lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora, e investigados». El déficit, en este caso, supera las 100.000 barricas, en función de si se compara con lo declarado al Regulador o lo dicho a los investigadores.

«También queda patente la existencia de una significativa falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos implicados en la producción, control y certificación de los vinos Denominación de Origen Valdepeñas, esto es, investigados, Consejo Regulador, y entidad certificadora, en este caso Liec Agroalimentaria», señala el instructor.

Pero esos vinos tenían un sello que los hacía aptos, de ahí la imputación de las dos entidades certificadoras, porque «la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación», según razona el instructor.

De Sohiscert, el auto detalla que mientras la certificadora declaró 5.986.527 litros aptos de Solís en el periodo investigado, el Consejo Regulador y la bodega declararon 8.939.753 litros aptos, es decir 2.953.226 litros más. Si se cruza con las existencias al cierre de 2016, «los investigados habrían comercializado una cantidad de 2.803.645 litros de vino mención reserva de los que no dispondría».

En el caso de Liec Agroalimentaria, entre 2019 y 2020 tramitó ante el Consejo Regulador declaraciones de aptitud por un volumen de aproximadamente 23.000.000 libros de vino envejecido. «No obstante, tal y como consta en los registros de la Denominación de Origen, no dispone de las barricas necesarias para producir esta cantidad en ese periodo de tiempo».

En paralelo, el instructor pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de decretar el sobreseimiento de la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, así como para sus representantes, dado que tras el examen de la documentación no se puede inferir que dichos investigados hubieran participado en una actividad ilícita en cuanto a la producción de vino bajo la Denominación de Origen Valdepeñas, al haber resultado negativos todos y cada uno de los marcadores utilizados para dicha inferencia.