El juez García Castellón tutelará la causa de la Fiscalía Europea por las mascarillas de Armengol

Según avanzaron a ABC en fuentes jurídicas, el magistrado, que llevaba hasta su asunción por parte del Tribunal Supremo, la investigación por terrorismo a Carles Puigdemont y otros en relación a los disturbios orquestados por Tsunami Democrátic, será la referencia de la Fiscalía Europea en esta investigación abierta formalmente esta semana y que llevaba gestándose desde la denuncia que recibieron sobre los contratos en junio de 2022.

El modelo de trabajo de la Fiscalía Europea es diferente al que rige en España. En una causa ordinaria de la Audiencia Nacional es el juez quien toma las decisiones y dirige la instrucción. Con los fiscales delegados, el papel del magistrado es el de tutelar los derechos de las partes afectadas por las pesquisas. Se requiere por ejemplo, su autorización para adoptar medidas lesivas de libertades individuales, como las escuchas telefónicas, pero la causa la gobierna el fiscal.

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En el caso de Baleares, se investigan 3,7 millones de euros en mascarillas compradas a Soluciones de Gestión que resultaron inservibles y acabaron en un almacén hasta que caducaron, cuando gobernaba Francina Armengol. Su administración emitió una reclamación a la empresa para intentar recuperar el dinero, pero lo hizo tres años después de recepcionar la mercancía y certificar su conformidad con el servicio que se le había prestado.

La compra se repercutió a fondos europeos, de ahí que pese a que Anticorrupción y el Juzgado Central de Instrucción número 2 estén investigando si la adjudicataria pagó a funcionarios para conseguir la adjudicación, en este caso asuma la Fiscalía Europea la averiguación sobre aquel contrato.

Algo similar ocurre en el caso de Canarias, donde el expediente apunta a una «cofinanciación» con fondos Feder. Bajo Gobierno de Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, se firmaron contratos por importe superior a 12 millones de euros. Algunas partidas eran defectuosas pero reclamaron en las semanas siguientes y les fueron restituidas. El proveedor era el mismo que, se presume, se abrió camino en el Ministerio de Transportes pagando comisiones al que era asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García.