El juez que estrecha el cerco a ETA: «Prometí a su padre que lo encontraría con vida, pero no pudo ser»

De esos días, relata a ABC, hay una imagen que recuerda especialmente: la del padre del concejal, a las pocas horas de conocer que su hijo había sido secuestrado por ETA. «Fue un encuentro muy triste. Desolación es la palabra. Me encontré con un hombre desolado».

El juez se había desplazado hasta el País Vasco para coordinar la búsqueda del joven concejal. Lo primero que hizo fue ir a Ermua, a la casa de la familia de Miguel Ángel. De ahí se dirigió a la comisaría central de la Ertzaintza, en Deusto (Vizcaya), donde junto a Policía Nacional y Guardia Civil se fijó el centro de coordinación del operativo. «Fue una marcha contra reloj para tratar de encontrarle con vida, que era lo importante. Ese era el objetivo principal -rememora- pero desgraciadamente no se consiguió».

Veinticinco años después mantiene el secreto de las diligencias que autorizó en esa búsqueda desesperada. Aunque es sabido que en esas 48 horas se movilizó a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo intentaron todo para encontrar a Blanco con vida.

Preguntado por si fue uno de los casos más difíciles de su carrera, contesta: «No sé si el más difícil, pero sí uno de los más dolorosos. Cuando te ponen un tiempo para tomar una decisión estás luchando contra el tiempo. Y el tiempo pasa rápidamente y en contra de tus deseos».

La tarde del 12 de julio de 1997 ETA cumplía su ultimátum. De rodillas y maniatado, Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', le pegó dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel Blanco. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón recuerda entonces un segundo encuentro con la familia, ya en el hospital. «Cuando llegó herido estaban allí la madre y la hermana, pero ya no hubo contacto. La situación era horrible porque el chico se estaba muriendo».

La instrucción del secuestro y asesinato no duró mucho. Al poco tiempo se fue como juez de enlace a Francia. Pero pudo comprobar en primera persona la crueldad de ETA. La autopsia del joven concejal reveló que no había comido en los dos días que la organización terrorista le tuvo retenido. También que Miguel Ángel tenía los lacrimales hinchados, de tanto llorar.

Veinticinco años después, García-Castellón es el mismo juez que ahora ha reabierto la investigación del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ha imputado a tres exdirigentes de ETA como los posibles autores intelectuales de un asesinato que podrían haber evitado. Él resta importancia a la coincidencia: «Podría haber sido cualquiera el que lo hubiera llevado, cualquier juez central. Lo más importante es la resolución del caso y no el protagonismo, que está fuera de lugar. Lo importante es la objetividad».

A las preguntas formuladas por este periódico relativas a la causa, el magistrado se muestra prudente. «No puedo contestar, el procedimiento está vivo». ¿La reapertura del caso de Miguel Ángel Blanco podría abrir la puerta a que también se investigue la autoría intelectual de otros atentados? «El tiempo lo dirá», contesta.

Con la perspectiva de los años sí reflexiona sobre lo que ha significado el espíritu de Ermua y la respuesta firme en 1997 de la sociedad civil. «Supuso concienciarse. Hasta ese momento el miedo y el terror habían paralizado no solo a la sociedad si no a los individuos concretos y no solo en el entorno de los pueblos y lugares más pequeños sino en general en todo el País Vasco y, por extensión, al resto de España».

«Aquello supuso romper esa dinámica que ya se arrastraba desde hacía más de 30 años», expone el magistrado. «Fue la primera vez que la gente salió a la calle de forma espontánea sin importarle enseñar su cara, su rostro y su identidad».

Pero no solo eso; para el juez Manuel García-Catellón también supuso como «cuerpo social» darse cuenta de qué destino hubiera tenido el País Vasco si «estos individuos hubieran triunfado en sus pretensiones: el tiro en la nuca, que es lo que se practicaban», asegura a ABC.

¿Se ha reparado a las víctimas? «Mi creencia es esa» -dice el juez-; «que el Estado ha estado detrás de la víctimas, aunque no siempre de una forma rotunda ni en todas las épocas», responde.